Denuncia el ‘descabezamiento” de la dirección técnica de la Inspección de Consumo en algunas provincias, y la carencia de recursos y de logística suficientes, para atender adecuadamente las competencias de este servicio, “fundamental” para defender la salud, seguridad y los derechos económicos y sociales de los consumidores y usuarios en Castilla y León. CSIF critica el cada vez menor reconocimiento profesional del personal de Inspección de Consumo, dependiente de la Junta cuando -paradójicamente- la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local da todas las competencias de la defensa del consumidor a la comunidad autónoma.