LA DGJ APRUEBA PROGRAMA CONCRETO DE ACTUACIÓN DE REFUERZO VIDO PARA ARAGÓN

La DGJ nos acaba de dar traslado de la propuesta definitiva del establecimiento del programa concreto de actuación de refuerzo VIOGEN, tras haber celebrado la Mesa Sectorial del 21 de julio donde se abordó esta propuesta, y donde CSIF hizo sus alegaciones: ENLACE

En este documento definitivo se aumenta el número de tramitadores de refuerzo designados para cubrir al menos con un tramitador cada uno de los Tribunales de Instancia aragoneses con competencias en materia de violencia, tal y como solicitó CSIF a la DGJ. De tal manera que se mantiene el número de nueve gestores que se van a nombrar (2 para el TI de Huesca. 1 para el TI de Calamocha y 6 para el TI Zaragoza) y se aumenta de dieciséis a veintisiete el número de tramitadores de refuerzo (10 en el TI de Zaragoza, 3 en el TI de Huesca, y uno para cada uno de los siguientes TI: Barbastro, Boltaá, Fraga; jaca, Monzó0n, Teruel, Calamocha, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia y Tarazona)

En consecuencia, queda ampliado el coste de personal de 398.10€ a 562.944,36€. Recordamos que es un programa financiado con fondos del Pacto de Estado y con la colaboración del IAM.

El programa tendrá una duración de cuatro meses, con efectos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026. Aunque la DGJ quiere plantearlo a futuro como un plan plurianual.

Sin embargo, aunque se ha cumplido lo propuesto por CSIF como premisa básica que todos los órganos que tramitasen o ejecutasen VSM debían contar al menos con un funcionario proveniente de este plan, lo cierto es que se han quedado muchas de las reivindicaciones de CSIF en el tintero como:

• Estudio previo de las cargas de trabajo de los TI con competencias en violencia para una dotación más individualizada acorde a necesidades reales.
• Sigue sin especificarse  que la formación en esta materia de violencia así como en el sistema de gestión avantius VSM también debe ir dirigida al colectivo del personal funcionario de refuerzo y no circunscribirse solamente a otros colectivos como médicos forenses, personal de equipos psicosociales y las oficinas de atención a la víctima.
• Tampoco se hace referencia a que el cometido de este personal de refuerzo ha de centrarse exclusivamente en esta materia. Parece lógico pero en la práctica sabemos que esto no sucede así en los distintos órganos judiciales a los que van destinados. Lo que implica un incumplimiento flagrante del propio plan.
• De hecho, siguen sin contemplar la creación de una Comisión de Seguimiento de este Plan de Actuación, que no solo valorase la efectividad del plan si no que dicha evaluación permitiese ajustar más concretamente el número de refuerzos a las cargas de trabajo reales.

 

CSIF seguirá trabajando para mejorar las condiciones a futuro de este plan de refuerzo de violencia, máxime se implanta como programa plurianual, lo que dará más estabilidad a esta medida. Sin olvidar, por supuesto, que la solución para CSIF no pasa por un parcheo provisional si no por la adpoción de una medida más permanente y definitiva en el tiempo como es la creación de nuevas rpts.

 

ADJUNTAMOS EL DOCUMENTO CON EL TEXTO DEFINITIVO DE LA PROPUESTA