• El Gobierno aprobó el pasado martes, el denominado anteproyecto de eficiencia organizativa sin haber intentado la más mínima negociación de su contenido, repitiendo lo sucedido con el Registro civil y otras normas anteriores.

• En una primera lectura de los 78 folios del anteproyecto, se puede comprobar afecta tanto a los destinos, como a las funciones como al propio estatuto jurídico del personal de Justicia.

• La actitud despectiva del Ministerio hacia el personal de la Administración de Justicia es todavía más evidente y justifica las movilizaciones convocadas por CSIF y las que van a venir el futuro.

El texto aprobado el martes, implanta los Tribunales de instancia en la Administración de Justicia, modifica las funciones atribuidas en la LOPJ al personal de Justicia, saca de la Administración de Justicia a las oficinas herederas de los Juzgados de paz, quiebra el principio de reserva de función establecido en favor de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y deslocaliza la asignación de destinos en la Administración de Justicia.

Es decir, modifica condiciones de trabajo sustanciales del personal de Justicia a sus espaldas y sin contar con su opinión ni participación real y efectiva a través de la negociación colectiva.

Luego, dirá el Ministro de Justicia que todo en su ministerio se hace con el consenso y acuerdo de todos los sectores implicados. NO ES CIERTO.

• El RD Ley 16/2020 (el de las vacaciones de agosto) se impuso sin negociación previa aludiendo a razones de urgencia que no eran sino una mentira más puesto que la ley que convalidó el texto en el mes de septiembre dejó sin aplicar la mayor parte de lo que se proponía inicialmente.

• Los programas de actuación en Justicia (para 2020 y 2021) son un fracaso de gestión absoluto. Sin datos públicos que respalden su aplicación y prórroga, a pesar de que se han pedido y se han comprometido a compartir y el Ministerio aún debe cantidades de dinero a los funcionarios que están participando en estos planes. El Ministerio impuso esos planes que luego modificó sin contar con los sindicatos en el mes de septiembre.

• La ley de eficiencia procesal sólo va a suponer la privatización del servicio público de Justicia y un obstáculo más para el ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva a través de un procedimiento de mediación o conciliación previa obligatoria que ya fracasó en 1984.

En este sentido, es inaceptable que se acuse a los ciudadanos de abusar del ejercicio de un derecho fundamental sin poner los medios adecuados para aumentar la capacidad de respuesta de la Justicia y para justificar su privatización.

• La ley del Registro civil va a suponer la devaluación de las funciones del personal de Justicia que ha sido quien ha mantenido la llevanza de los registros civiles durante años sin reconocimiento. Además, se consolida la externalización de parte de sus funciones. Desde que el PSOE presentó la proposición de ley de modificación de la Ley 20/2011 ha transcurrido más de un año en los que bien se podía haber negociado su contenido con las organizaciones sindicales.

• Ahora, la ley de eficiencia organizativa amenaza con modificar condiciones de trabajo sustanciales sin permitir la participación de los funcionarios/as de Justicia que tienen mucho que decir sobre la falta de medios y la ausencia total de reconocimiento laboral y retributivo por parte del Ministerio de Justicia.

CSIF denuncia la vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Justicia y no descarta ningún tipo de acción legal contra este atropello antidemocrático.