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El texto aprobado el martes, implanta los Tribunales de instancia en la Administración de Justicia, modifica las funciones atribuidas en la LOPJ al personal de Justicia, saca de la Administración de Justicia a las oficinas herederas de los Juzgados de paz, quiebra el principio de reserva de función establecido en favor de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y deslocaliza la asignación de destinos en la Administración de Justicia.
Es decir, modifica condiciones de trabajo sustanciales del personal de Justicia a sus espaldas y sin contar con su opinión ni participación real y efectiva a través de la negociación colectiva.
Luego, dirá el Ministro de Justicia que todo en su ministerio se hace con el consenso y acuerdo de todos los sectores implicados. NO ES CIERTO.
En este sentido, es inaceptable que se acuse a los ciudadanos de abusar del ejercicio de un derecho fundamental sin poner los medios adecuados para aumentar la capacidad de respuesta de la Justicia y para justificar su privatización.
CSIF denuncia la vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Justicia y no descarta ningún tipo de acción legal contra este atropello antidemocrático.