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La falta de documentación lastra la negociación de estos planes de actuación que se proyectan a partir del 1 de septiembre sobre unas estimaciones que no datos reales de ingreso de asuntos derivados del COVID 19.
Falta de borrador de norma que incorpora los planes de actuación. Falta documentación con las cargas de trabajo de los órganos judiciales sobre las que se ha elaborado la propuesta. Falta la determinación específica de los órganos judiciales afectados. Falta la adaptación de esta propuesta a las ciudades con NOJ. Falta la determinación en euros de la retribución de varios cuerpos. Falta información sobre los nuevos órganos judiciales que se van a crear, su ámbito de competencia y sus plantillas.
Para CSIF es necesario abordar, en primer lugar, el estado actual de los órganos judiciales y dimensionar el volumen de actuaciones suspendidas durante estos últimos meses. Desde hace varias semanas CSIF viene proponiendo al Ministerio la elaboración de planes de actuación para reforzar entre otros:
Desde el 13 de abril se pueden presentar todo tipo de escritos y desde el 12 de mayo se ha reincorporado al trabajo el 100% de la plantilla. Para CSIF habría que haber dado sentido a esa desescalada a través de la implantación de programas de actuación que fueran preparando el terreno y los Juzgados a la previsible avalancha de nuevos procedimientos. Para CSIF es imprescindible poner en marcha estos planes voluntarios cuanto antes.
Por su parte, para CSIF la propuesta del Ministerio adolece de varios problemas o defectos:
El Ministerio de limitó a recoger las alegaciones sindicales y anunció una posible tercera reunión el próximo jueves para continuar negociando este plan y, según dicen, trasladarán más documentación. Por otro lado, CSIF volvió a solicitar que se traslade el borrador del borrador de ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas.