CSIF CONSIGUE PONER FIN A LA DISCRIMINACIÓN EN LAS BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y EVITAR PENALIZACIONES EN LA EVALUACIÓN DOCENTE

El sindicato CSIF ha participado en los últimos días en dos reuniones de la Mesa General de Negociación en las que finalmente se han aprobado dos medidas para acabar con una de las principales situaciones de discriminación que afectaban al profesorado:  perder dinero por estar de baja médica (IT). 

Por un lado, este lunes se aprobó la modificación del reglamento de los Planes de Evaluación docente, incorporando una medida clave: las situaciones de incapacidad temporal prolongada dejarán de penalizar al profesorado en el cobro del complemento vinculado a la evaluación. Esta modificación será de aplicación ya al procedimiento correspondiente al curso 2025-2026, evitando una merma retributiva que venía produciéndose en estos casos.

Por otro lado, en la reunión celebrada ayer viernes en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, se ha abordado la modificación del Acuerdo de 24 de agosto de 2018 relativo al régimen retributivo en situación de incapacidad temporal del personal empleado público para que los empleados de MUFACE dejen de tener una penalización por estar en situación de Incapacidad Temporal.

El texto aprobado incorpora una mejora de gran relevancia: el reconocimiento de efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 en la compensación retributiva en situaciones de incapacidad temporal, corrigiendo una situación que venía generando pérdidas económicas injustificadas para el personal afectado.

Estas dos medidas suponen, en conjunto, un avance significativo en la corrección de una situación de discriminación que afectaba directamente al profesorado en caso de baja médica.

 

Esta línea de trabajo no es nueva. CSIF viene impulsando estas reivindicaciones desde antes del conflicto educativo y las ha mantenido de forma constante en todos los ámbitos de presión y negociación. Ahí está la clave: la inclusión de estas mejoras responde directamente a esa insistencia sostenida en el tiempo. De hecho fue la propia Administración la que, gracias a la insistencia de CSIF, decidió incorporarlas en el acuerdo final, a pesar de que CSIF no firmó el acuerdo previo.

No se trata, además, de una solución excepcional. Existen precedentes en el propio ámbito del Principado de Asturias, como el acuerdo alcanzado en el sector de Justicia, en el que se reconocieron efectos económicos desde el 7 de septiembre de 2018, incluso con anterioridad a la firma y ratificación formal del acuerdo. Esto demuestra que existen soluciones más amplias cuando existe voluntad para aplicarlas.

 

Sin embargo, la Administración, con el aval del resto de organizaciones sindicales, ha optado por limitar la retroactividad al 1 de enero de 2026. Aquí aparece el problema: se ha avanzado, pero no todo lo necesario. Se reconoce la injusticia, pero no se corrige en toda su extensión.  Cabe recordar aquí, que no todas las organizaciones han tenido el mismo papel en este proceso. CSIF ha mantenido una posición clara, constante y sostenida en esta exigencia, mientras que otras organizaciones intentan ahora vincularse a unas mejoras en cuya defensa no han tenido una participación efectiva.

A pesar de esta limitación, CSIF ha decidido respaldar el acuerdo al considerar que supone un avance real y tangible para el personal afectado, fruto directo de la presión ejercida y del trabajo desarrollado durante todo el proceso.

 

Para CSIF, estas medidas no cierran el debate. La contradicción es evidente: si se reconoce que el modelo anterior generaba perjuicios, no tiene sentido limitar la corrección de esos efectos sin una justificación suficiente.  Por ello, el sindicato continuará trabajando para ampliar el alcance de estas medidas, corregir las limitaciones existentes y avanzar hacia una equiparación real de condiciones para todo el personal empleado público.
 

CSIF reafirma así su compromiso de seguir consiguiendo mejoras reales para el profesorado y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público, desde una posición basada en criterios técnicos, firme, clara e independiente.


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