CSIF exige al Ministerio y a las CCAA medidas urgentes para recuperar la normalidad en los órganos judiciales

Que no se estaba preparado para afrontar la puesta en marcha de la fase III de las oficinas de los Tribunales de instancia era de sobra conocido incluso para todas las administraciones que el pasado 22 de diciembre manifestaron, en el pleno de la Conferencia sectorial Ministerio-CCAA, que estaban preparadas. El Ministerio y las CCAA tienen competencia plena en la organización de sus oficinas judiciales respectivas por lo que no cabe esconderse tras un, supuesto, problema competencial echándole la culpa al otro.

 

Como venía denunciando CSIF durante todo el 2025 era imposible llegar con garantías a la fase III el 31 de diciembre y, por este motivo, reiteramos durante ese año la petición de que los responsables políticos de las administraciones se acogieran, de común acuerdo, a la prórroga de seis meses prevista en la ley de eficiencia.

 

El resultado de esa negativa lo están padeciendo miles de funcionarios y profesionales que, a duras penas, se manejan en el caos organizativo en el que se han convertido las sedes judiciales. Cualquiera que se dé una vuelta por una de ellas puede comprobarlo. A 31 de diciembre todo el mundo sabía qué hacer, dónde hacerlo, cómo y, sobre todo, a quien debía reportar su trabajo. A 1 de enero todo ha cambiado y casi nadie sabe qué, dónde hacerlo, cómo y a quien reportar.

 

Ante la inutilidad de unos protocolos de actuación elaborados a contrarreloj y publicados para cubrir el expediente apenas unos días antes de la fecha clave, las instrucciones, donde existen tales instrucciones, se suceden y, en muchos casos, contradicen las dadas previamente. La sensación de improvisación, pero sobre todo de falta de atención y de escucha por parte de unos puestos directivos que no han pasado por procesos de formación específicos y a los que nadie les ha dicho que mandar no es dar órdenes, sino que implica dar confianza, motivar y, sobre todo, escuchar.

 

Por ello, CSIF se dirigió al Ministerio hace unos días para exponerle la preocupante situación y proponer medidas urgentes para recuperar algo de normalidad. Una propuesta que también se ha hecho pública en prensa especializada y que se podrían resumir en:

• Revisión de rpts para incrementar plantillas, incluir la especialización por orden jurisdiccional y/o por especialidad de jurisdicción consignando equipos concretos en esas rpts y no dejando su creación al “buen criterio” del director o jefe de turno.
• Revisión de los protocolos de actuación para que sean realmente útiles y permitan la coordinación entre los servicios y un desarrollo a través de instrucciones que, conforme al art. 39 del RD 1451/2005 deben ser por escrito y motivadas.
• Establecer programas de formación obligatoria para puestos de dirección desde los Secretarios de gobierno que formen parte de los requisitos de los puestos de dirección o jefatura.
• Abordar la reforma de la normativa reglamentaria relativa a la provisión de puestos de trabajo para adaptarla a la nueva situación.
• Culminar la negociación de la carrera profesional y revisar los programas de productividad para evitar que los mejores sean castigados con mayor carga de trabajo al mismo salario.
• Revisar, igualmente, el sistema de guardias retribuyéndolo de forma adecuada.
• Abordar el verdadero problema de la modernización de la justicia que tiene que ver con los perfiles profesionales, la redistribución de funciones y su clarificación y retribución justa que sigue siendo una reivindicación de CSIF.

 

Lo mejor que tiene la Administración de Justicia es su personal. Y la “moral de tropa” está ahí, pero sin medidas que apoyen y reconozcan su trabajo, sin una organización que le escuche, esta vez no va a ser suficiente.