Sánchez, primer presidente en democracia que congela el sueldo a los funcionarios sin que exista crisis económica.

El PSOE contra los funcionarios: de Zapatero a Sánchez, una historia de desprecio institucional

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han consumado lo que ningún otro gobierno democrático se atrevió a hacer sin una crisis económica de por medio: congelar el salario de los funcionarios. No hay recesión, no hay desplome fiscal, no hay emergencia presupuestaria. Lo que hay es una estrategia política que convierte a los empleados públicos en rehenes de una negociación parlamentaria. Es el último capítulo de una larga historia de maltrato institucional por parte del PSOE, el partido que más ha castigado a quienes sostienen los servicios públicos.

Zapatero: el primer recorte salarial en democracia

En 2010, José Luis Rodríguez Zapatero cruzó una línea roja que ningún presidente había osado pisar: recortó el sueldo de los funcionarios en plena crisis financiera. Fue una medida traumática, que rompió el principio de estabilidad retributiva en la función pública. Desde entonces, el PSOE ha mantenido una relación de desprecio intermitente hacia los empleados públicos, alternando gestos simbólicos con decisiones lesivas. Sánchez no ha recortado, pero ha congelado. Y lo ha hecho sin crisis, sin negociación y sin pudor.

Sánchez y Díaz: chantaje presupuestario con los funcionarios como moneda

El Gobierno de coalición del PSOE y Sumar ha decidido no actualizar el salario de los funcionarios en 2025, alegando que no puede hacerlo sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Es falso. Técnicamente, la subida puede pactarse y aplicarse incluso con presupuestos prorrogados, como se ha hecho en años anteriores. Lo que hay aquí no es una limitación legal, sino una táctica de presión: si la oposición no aprueba los presupuestos, los funcionarios se quedan sin subida. Es un chantaje institucional que degrada el diálogo social y convierte a los empleados públicos en moneda de cambio.

El argumento esgrimido por el ministro López, que condiciona la subida a la existencia de nuevos Presupuestos, ha sido calificado por CSIF como una «excusa inaceptable». Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la subida salarial de los funcionarios «se puede abordar también con las cuentas prorrogadas».

La legislación ofrece al Ejecutivo la capacidad de legislar incrementos de gasto mediante un Real Decreto-Ley (RDL), un mecanismo que no requiere la aprobación previa de los PGE. Esta vía es habitualmente utilizada por el Gobierno para actualizar de manera urgente otras partidas sociales sensibles. De hecho, el Ejecutivo tiene el precedente inmediato de haber utilizado esta herramienta: el incremento salarial del 2% para 2024 (con efectos retroactivos desde enero de ese año) se aplicó mediante el Real Decreto-ley 4/2024 de junio de 2024, que prorrogaba determinadas medidas económicas. Este hecho demuestra la capacidad legal del Gobierno para legislar aumentos salariales fuera del marco de la Ley de Presupuestos si la voluntad política existe.

El sindicato CSIF ha exigido que los salarios de los empleados públicos se negocien con el mismo respeto y prioridad «como se hace todos los años con el salario mínimo y las pensiones».

El PSOE: el peor patrón de la función pública

La decisión de 2025 se enmarca en un historial de profundo maltrato a la función pública, siendo el PSOE el partido que inauguró el castigo estructural.

Zapatero 2010: El Precedente Histórico de la Amputación Salarial

Antes de 2010, otros gobiernos democráticos habían recurrido a la congelación salarial, siempre justificada por motivos de grave crisis económica.

Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) fue el primer presidente en la historia de la democracia en cruzar la línea roja de no solo congelar, sino recortar directamente el salario nominal de los empleados públicos.

El plan de ajuste de mayo de 2010 impuso una reducción media del 5% del salario. Es crucial destacar que este recorte no fue uniforme: el castigo fue mucho más severo para los grupos más altos del funcionariado, donde la reducción llegó a alcanzar hasta casi el 15%. Este ajuste drástico sentó un precedente que institucionalizó el uso del funcionario como principal variable de ajuste fiscal.

El impacto del recorte de 2010 va más allá de la pérdida inmediata de ese año. Al reducir la base salarial de cálculo, el PSOE diseñó un mecanismo de austeridad permanente que condenó a los funcionarios a un déficit crónico de poder adquisitivo.

A pesar de los años que el PSOE ha ocupado la Moncloa desde 2010, nunca se ha priorizado la restitución íntegra de esa base salarial amputada. Esta inacción, combinada con la inflación persistente, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo acumulada que CSIF cuantifica en más del 20% desde 2010.

Así pues, el PSOE ostenta el título de ser el partido que más ha maltratado estructuralmente a los funcionarios: no solo impuso el recorte fundacional de 2010, sino que el actual gobierno socialista perpetúa activamente la pérdida de poder adquisitivo al negarse a saldar esta deuda histórica, lo que magnifica la gravedad de la congelación de 2025.

Ningún partido en democracia ha tratado peor a los funcionarios que el PSOE. Zapatero recortó. Sánchez congela sin motivo. Y entre medias, promesas incumplidas, retrasos en la aplicación de acuerdos, y una falta de respeto sistemática hacia los profesionales de la Administración.

Mientras se negocian subidas del Salario Mínimo y de las pensiones, los funcionarios quedan relegados, ignorados y utilizados como herramienta de presión. El PSOE se presenta como defensor de lo público, pero castiga a quienes lo sostienen.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo: silencio cómplice desde Sumar

La vicepresidenta Yolanda Díaz, que se autodefine como defensora de los trabajadores, guarda un silencio atronador ante esta congelación injustificada. Su ministerio no ha instado a Oscar López la convocatoria de la mesa de negociación, no ha ofrecido alternativas, no ha mediado y no ha defendido a los empleados públicos. Su complicidad pasiva refuerza la idea de que el Gobierno ha abandonado cualquier compromiso real con la función pública.

El fracaso del Acuerdo Marco 2022-2024 y el fracaso de los sindicatos firmantes:

La congelación de 2025 se produce inmediatamente después del final del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024), firmado por CCOO y UGT. Lejos de traer estabilidad, este acuerdo ha culminado en un profundo deterioro del poder adquisitivo y el incumplimiento de derechos fundamentales.

La Traición Silenciosa: La evaporación del poder adquisitivo

El Acuerdo Marco contemplaba incrementos nominales significativos: 3.5% en 2022, 2.5% más variables en 2023, y 2% más variables en 2024. Sin embargo, el efecto devorador de la inflación ha neutralizado completamente estas subidas. CSIF ha denunciado que, desde que se firmó el acuerdo en 2022, los empleados públicos han perdido un dramático 5.8% de poder adquisitivo.

La firma de la «paz social» por parte de CCOO y UGT sirvió, en la práctica, como un mecanismo de contención salarial para el Gobierno. Este acuerdo, al no incluir cláusulas de revisión lo suficientemente robustas frente a la escalada del Índice de Precios al Consumo (IPC), dejó a los trabajadores públicos más pobres al cierre de 2024. La pérdida acumulada demostró la debilidad negociadora de los sindicatos firmantes.

La Jubilación Parcial: Una promesa de CCOO y UGT incumplida

Otro pilar fundamental del Acuerdo Marco 2022-2024 era la recuperación e implantación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral y, crucialmente, su extensión al personal funcionario. Este derecho era vital para el rejuvenecimiento de las plantillas y para restituir derechos recortados en 2012.

Sin embargo, a pesar de los dos años de reuniones de seguimiento, la promesa se ha demorado. El Gobierno ha demorado la jubilación parcial para el personal laboral y su implantación para los funcionarios se ha pospuesto «sine die» o retrasado, al menos, hasta finales de 2025. Este incumplimiento materializa el fracaso del acuerdo y evidencia que el Gobierno pospuso sistemáticamente las reformas que implicaban una mejora estructural de los derechos laborales, mientras utilizaba el acuerdo para gestionar las subidas salariales nominales de manera torticera.

CSIF: el único sindicato que planta cara para defender a los empleados públicos.

En este contexto, CSIF se ha erigido como el principal defensor de los empleados públicos. Ha denunciado la congelación, exigido la convocatoria urgente de la mesa de negociación, y advertido de movilizaciones antes de final de año si no se rectifica. Frente a la laxitud de CCOO y UGT —más preocupados por mantener su interlocución con el Gobierno y de salir en las fotos con los líderes del PSOE y de Sumar que por defender a sus afiliados y al conjunto de los empleados públicos—, CSIF ha mantenido en solitario una postura firme, clara y combativa.

El resumen de una traición institucional

La congelación salarial de los funcionarios en 2025 no es una medida económica: es una traición institucional. Es el síntoma de un Gobierno que ha perdido el rumbo, que desprecia a sus empleados, y que utiliza el chantaje como herramienta política. El PSOE vuelve a demostrar que, cuando se trata de funcionarios, su compromiso es retórico y su gestión lesiva. Sánchez y Díaz han cruzado una línea que ni siquiera la crisis justificaba. Y lo han hecho con la complicidad de los sindicatos mayoritarios y el silencio de quienes deberían defender lo público.

Y el resultado inmediato es una deuda salarial con los más de 3,5 millones de empleados públicos que supera los 1.860 millones de euros.

Ahora que cada uno reflexiones sobre dónde está, con quien está y a dónde quiere llegar.

*Leer más en el blog del Herald Toupeiras