CSIF rechaza la privatización de los albergues juveniles y alerta de una nueva escalada de externalización de servicios públicos en la Comunidad de Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quiere manifestar su rechazo frontal a cualquier proceso de privatización, externalización o cambio de modelo de gestión que pueda afectar a los albergues juveniles públicos de la Comunidad de Madrid.

La Administración autonómica anunció hace unos días su plan de convertir estos albergues en centros de gestión indirecta, avisando de que el cambio de modelo en la gestión de los albergues juveniles, no alterará su finalidad educativa y social y que estarán orientados a llevar a cabo actividades culturales, deportivas, ambientales y de ocio.

Ante las informaciones conocidas sobre el futuro de estos centros, CSIF exige a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y a la Dirección General de Juventud que aclaren de forma inmediata si existe algún proyecto, estudio, expediente, previsión de licitación, cierre, reducción de actividad o modificación del actual modelo de gestión de los albergues juveniles dependientes de la Comunidad de Madrid.

Los albergues juveniles no son simples establecimientos de alojamiento. Son recursos públicos con una importante función social, educativa, juvenil y territorial, utilizados por jóvenes, centros educativos, asociaciones, entidades sociales, familias y colectivos que necesitan instalaciones públicas, accesibles y orientadas al interés general.

Por ello, CSIF considera inadmisible que cualquier decisión sobre estos centros pueda adoptarse sin información previa, sin transparencia y sin garantías expresas para las plantillas afectadas, para el mantenimiento del empleo público y para la continuidad de un servicio público de calidad.

CSIF advierte de que esta posible privatización de los albergues juveniles se enmarca en una preocupante escalada de externalización y privatización de servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Lo que hoy afecta a los albergues juveniles puede convertirse mañana en un precedente para otros centros, recursos o servicios públicos esenciales.

La defensa de un servicio público es la defensa de todos los servicios públicos. No podemos permitir que la gestión pública directa se debilite mediante fórmulas que sustituyan empleo público estable por gestión privada, reduzcan el control público del servicio o deterioren las condiciones laborales y la calidad de la atención a la ciudadanía.

CSIF exige a la Administración regional que descarte cualquier proceso privatizador o externalizador y que apueste por reforzar la red pública de albergues juveniles mediante inversión suficiente, mantenimiento adecuado de las instalaciones, cobertura de vacantes, dotación estable de personal y planificación pública de los recursos.

Del mismo modo, CSIF reclama la convocatoria urgente de la representación legal de las personas trabajadoras para informar oficialmente de la situación, entregar toda la documentación existente y garantizar la participación sindical en cualquier decisión que pueda afectar al empleo, a las condiciones laborales o al futuro de estos centros.

CSIF permanecerá vigilante ante cualquier intento de privatización o externalización de servicios públicos y adoptará cuantas actuaciones sindicales, administrativas o jurídicas resulten necesarias en defensa del empleo público, de las personas trabajadoras y de unos servicios públicos de calidad, accesibles y al servicio de la ciudadanía.