CSIF Justicia Madrid denuncia el colapso del Juzgado de Navalcarnero y la situación límite del equipo de Violencia sobre la Mujer
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20 de azaroa de 2026
-El déficit de personal ha llegado a alcanzar los 17 funcionarios
-A finales de octubre se habían registrado ya 1.544 diligencias previas nuevas de Violencia Sobre la Mujer, frente a las aproximadamente 1.600 de todo 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dirigido un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid denunciando la grave falta de personal en el Tribunal de Instancia de Navalcarnero.
La situación más preocupante, según CSIF Justicia Madrid, se concentra en el Servicio Común de Tramitación, que arrastra una escasez de efectivos desde el último trimestre de 2025. En la actualidad faltan siete plazas de tramitadores y gestores en el Servicio Común de Tramitación (tramitadores y gestores) y dos plazas de auxilio judicial en el Servicio Común General.
El déficit de personal ha llegado a alcanzar los 17 funcionarios y ha generado una acumulación de trabajo insostenible para el personal que permanece. Como ejemplo, hay que señalar que en el Servicio Común de Tramitación todos tienen código de Guardia y, además, siete de estos trabajadores también tienen código de Violencia sobre la Mujer (VSM).
Esta cifra es insuficiente: a finales del pasado octubre se habían registrado ya 1.544 diligencias previas nuevas de VSM, frente a las aproximadamente 1.600 de todo 2025. Esas causas se reparten entre únicamente dos funcionarios, que cerrarán el año con entre 850 y 900 diligencias previas cada uno, cifra absolutamente inasumible.
El atasco no se limita al equipo de VSM: también están colapsados los equipos de monitorios, verbales y familia y existe personal que tramita asuntos de violencia de género sin código VSM y sin percibir el correspondiente complemento.
Los retrasos, además, afectan especialmente a los procedimientos civiles y de violencia sobre la mujer. Estos retrasos están siendo objeto de inspección por el Consejo General del Poder Judicial. La situación se agrava porque la magistrada de la plaza 3, que asume competencias de VSM, se encuentra de baja.
Otro de los problemas en el Juzgado de Navalcarnero es que tres de los funcionarios con código VSM trabajan en la misma estancia que el Juzgado de Guardia, con los problemas que ello conlleva. Un ejemplo de esta insostenible situación es que las declaraciones de las víctimas de violencia se toman en el mismo espacio en el que permanecen detenidos, testigos e imputados de otros delitos.
Esta coexistencia vulnera la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Estatuto de la Víctima del Delito, ya que impide garantizar la intimidad, la seguridad y la protección psicológica de las víctimas, facilitando la revictimización secundaria.
Por otra parte, tanto abogados y procuradores del partido judicial trasladan de forma constante quejas por retrasos de años en demandas civiles e incoaciones que se demoran casi doce meses.
Tanto CSIF Justicia Madrid como profesionales y funcionarios advierten de que, de no adoptarse medidas inmediatas, cualquier incidente podría situar al tribunal en el centro de la atención mediática.
Para paliar esta situación, CSIF exige que se cubran sin dilación las siete plazas vacantes del Servicio Común de Tramitación y las dos del Servicio General y solicita además que se estudie un plan de actuación urgente, con personal de apoyo del Tribunal Superior de Justicia, la prolongación de jornada u otras medidas extraordinarias.
También reclamamos que se dicten las instrucciones necesarias para separar físicamente el servicio de guardia del equipo de Violencia sobre la Mujer. Solo así se garantizarán los derechos de las víctimas y se evitará un deterioro aún mayor del servicio público de Justicia en Navalcarnero.
La organización sindical recuerda que la falta de personal y las deficientes condiciones de trabajo ponen en riesgo tanto a los funcionarios como a los ciudadanos y reitera su disposición a colaborar con la Administración para encontrar soluciones inmediatas y eficaces.