CSIF prepara acciones jurídicas contra el campamento junto a la cárcel de Ceuta por falta de informes de seguridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prepara acciones jurídicas contra la decisión de instalar un campamento provisional para alrededor de 1.000 migrantes adultos en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en una parcela situada junto al perímetro de la prisión y detrás del Centro de Inserción Social (CIS).

Según denuncia el sindicato, la decisión habría sido comunicada por representantes de la Secretaría General de Coordinación Territorial, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la Delegación del Gobierno y de la propia dirección del centro penitenciario, sin que previamente se hubieran facilitado los informes técnicos y de seguridad que, a juicio de CSIF, deberían acompañar a una actuación de estas características.

CSIF rechaza negociar una decisión ya adoptada

El sindicato asegura que durante la reunión mantenida con la Administración se trasladó que la instalación del campamento era una decisión ya tomada y que el encuentro no tenía como finalidad resolver las objeciones legales planteadas previamente por CSIF, sino recoger propuestas para facilitar su puesta en marcha.

Ante esta situación, la organización sindical afirma que no se facilitó ningún proyecto técnico, memoria de impacto o informe específico de seguridad. Por ello, CSIF rechazó participar en una negociación sobre una decisión que considera ya adoptada.

El sindicato califica las explicaciones ofrecidas verbalmente por la Administración de insuficientes y sostiene que la instalación del campamento, por su proximidad al centro penitenciario, requiere un análisis específico de los posibles riesgos para las instalaciones y para los trabajadores.

Desde CSIF consideran que se pretende levantar una instalación con una elevada concentración de personas junto a los muros del centro penitenciario sin que, según su denuncia, se hayan acreditado previamente las condiciones de seguridad necesarias.

Cuatro ámbitos normativos afectados, según el sindicato

CSIF sostiene que el emplazamiento planteado afecta a diferentes ámbitos de la normativa de seguridad y prevención.

En primer lugar, el sindicato apunta a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que no se habría realizado una evaluación específica y actualizada de los riesgos derivados de la nueva situación. También asegura que se han solicitado medidas relacionadas con el Comité de Seguridad y Salud Laboral del centro.

En segundo término, CSIF hace referencia a la normativa sobre protección de infraestructuras críticas, al entender que la modificación del entorno exterior de la prisión debería contar con los correspondientes análisis y autorizaciones de seguridad. El sindicato advierte de posibles riesgos relacionados con lanzamientos de objetos, intrusiones o intentos de evasión.

También cuestiona la ausencia de una actualización del Plan de Autoprotección y de las vías de evacuación, al considerar que la instalación del campamento y la creación de nuevos accesos pueden modificar las condiciones de seguridad y accesibilidad del entorno penitenciario.

Por último, CSIF alude a la normativa relativa a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, asegurando que deberían tenerse en cuenta las correspondientes servidumbres y franjas de seguridad.

Recurso ante los tribunales y denuncias ante Trabajo y la UE

Ante esta situación, CSIF anuncia la puesta en marcha de una batería de acciones jurídicas para intentar frenar la instalación o exigir que se cumplan las garantías que considera necesarias.

Entre ellas figura la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte, al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el objetivo de solicitar la paralización inmediata de las obras o trabajos de acondicionamiento.

Asimismo, el sindicato prevé presentar una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Socialpor las posibles infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

CSIF también anuncia que elevará sus denuncias a organismos y comisiones competentes de la Unión Europea, al considerar que la actuación podría afectar a normativa comunitaria relacionada con la seguridad laboral y la protección de infraestructuras estratégicas.

La organización sindical sostiene que mantendrá estas actuaciones hasta que se aporte la documentación técnica y administrativa que, según su posición, debe acreditar que la instalación del campamento es compatible con las condiciones de seguridad del centro penitenciario y de sus trabajadores.