CSIF exige a la Universidad de Sevilla que depure responsabilidades y que su preocupante situación económica no recaiga sobre la plantilla

• El sindicato reclama transparencia y rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno acerca de cómo se ha llegado a esta situación
• Exige garantías de que el PDI y el PTGAS no serán la variable de ajuste para afrontar la crisis financiera de la institución

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla que depure las responsabilidades que correspondan tras la publicación de la auditoría de las cuentas anuales de 2025 y que garantice que las medidas para afrontar la delicada situación económica de la institución no recaerán sobre el Personal Docente e Investigador (PDI) y sobre el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS).

Para CSIF, el informe conocido confirma un escenario de gran preocupación, que el propio sindicato ya vaticinó meses antes, y que obliga a ofrecer explicaciones claras a la comunidad universitaria. La auditoría refleja un resultado presupuestario negativo de más de 18 millones, y la cifra se eleva a casi 60 millones al referirse al déficit económico reconocido. Estos números evidencian la necesidad de analizar qué decisiones han conducido a la Universidad de Sevilla hasta esta situación.

En este contexto, CSIF considera imprescindible que el actual equipo de gobierno rinda cuentas y explique cuándo tuvo realmente conocimiento del deterioro económico, ya que la vigente rectora, Carmen Vargas, formaba parte del equipo de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Castro. Asimismo, reclama que se esclarezca si la comunidad universitaria y los órganos de representación del personal recibieron en todo momento la información que exigía una situación de tal magnitud.

El sindicato insiste en que la solución a esta crisis no puede pasar por recortar derechos a la plantilla, por lo que rechaza cualquier medida que afecte a las condiciones laborales o retributivas de la misma, ya sea mediante la paralización de los procesos de promoción, limitaciones en la contratación, modificaciones de la dedicación docente o el retraso en el abono de derechos económicos.

En este sentido, CSIF recuerda que los trabajadores y trabajadoras de la Universidad no ha participado en las decisiones presupuestarias ni en la gestión económica y, por tanto, no pueden convertirse en la variable de ajuste para corregir una situación cuya responsabilidad corresponde a quienes han dirigido la situación.

El sindicato denuncia, además, que la actual situación económica de la US es también la responsable del retraso en las obras del aulario del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) en Cartuja, alargando sine die el traslado a dicho centro desde la actual Escuela Politécnica Superior (EPS) en el barrio de Los Remedios, cuya lamentable situación ya fue denunciada en el mes de mayo ante la Inspección de Trabajo por parte de CSIF.

La organización sostiene que la publicación de la auditoría no debe suponer el cierre de este asunto, sino el inicio de un proceso de transparencia y rendición de cuentas que permita determinar si existen responsabilidades políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza derivadas de la gestión económica de los últimos ejercicios.

Con este objetivo, CSIF solicitará el acceso a la documentación económica necesaria para analizar la evolución financiera de la Universidad y exigirá la comparecencia de la rectora, del gerente y de los responsables económicos para que expliquen las decisiones adoptadas y las medidas previstas para recuperar el equilibrio presupuestario. Del mismo modo, reclamará mecanismos permanentes de información y seguimiento para los representantes del personal y ejercerá cuantas acciones administrativas o judiciales resulten oportunas en defensa de los derechos de la plantilla y del cumplimiento de la legalidad.

Por último, la organización sindical reitera que la Universidad de Sevilla necesita recuperar su estabilidad económica, pero también la confianza de la comunidad universitaria. Para ello, considera imprescindible actuar con la máxima transparencia, depurar las responsabilidades que correspondan y garantizar que la recuperación financiera de la institución no se construya a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que la sostienen diariamente.