CSIF denuncia la total falta de garantías de los traslados a Palmas Altas que agravarán aún más el colapso del sistema judicial en Sevilla
24 de febrero de 2023
-A cuatro meses del primer traslado en el mes de junio --en el marco de un “traslado en diferido, durante cinco años, en el mejor de los casos--, CSIF alerta de que Sevilla tendrá que afrontar una situación de caos y dispersión judicial que nada tiene que ver con una verdadera Ciudad de la Justicia”
-Los traslados de expedientes y documentos y la propia seguridad del recinto son algunas de las cuestiones que, según el responsable del sector Justicia de CSIF Sevilla, Miguel Millán, “no han sido abordadas en la reunión inicial de constitución del grupo de trabajo” encargado de regular la nueva ordenación de órganos judiciales, con “la correspondiente incertidumbre entre los profesionales de la Justicia en Sevilla”
-El primer traslado llegará pocos meses después de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, que ya ha supuesto 27.000 juicios suspendidos y 600.000 comunicaciones pendientes en toda Andalucía, con casos como despidos o violencia de género con juicios fijados para dentro de varios años. “Ya estamos señalando juicios para 2025 y 2026, explica Miguel Millán
CSIF Sevilla ha denunciado la falta de garantías por el "traslado diferido en cinco años" y los "graves problemas de movilidad" que supondrá el acceso al campus judicial de Palmas Altas para los ciudadanos y los profesionales en el futuro traslado a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que arrancará en junio próximo con la llegada de los primeros juzgados.
Reunión inicial de constitución del grupo de trabajo para la nueva ordenación de órganos judiciales en el campus Palmas Altas
Análisis del responsable de Justicia de CSIF Sevilla, Miguel Millán:
A escasos cuatro meses del primer traslado, previsto para junio de 2023, la actitud de la Administración ha sido la de mera información, ya que en ningún momento se ha acudido a los estamentos que forman parte de la administración de justicia para preguntarles, no ya que opinan, sino para que aporten ideas y soluciones a lo que se nos viene encima de manera inminente, con la incertidumbre que ello conlleva para funcionarios y demás profesionales de la justica en esta ciudad.
Ponen como ejemplo las ciudades de la justicia de Málaga y Córdoba, pero en ambos casos los traslados se realizaron a unos edificios que se construyeron al efecto y el traslado se produjo en la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, más allá de alguna excepción, pero en el transcurso de poco tiempo estaban allí todos los órganos judiciales.
En Sevilla lo que se pretende es un traslado diferido de hasta en cinco años en el mejor de los escenarios posibles y siempre que se cumplan los plazos dados por la propia administración, a saber:
-Junio 2023: traslado de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y de lo Mercantil
-Junio 2024: traslado de los Juzgados de Primera Instancia
-Junio 2025: traslado de los Juzgados de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial
-Junio 2027: traslado del Registro Civil Único de Sevilla, el Decanato y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla
-Junio de 2028: traslado de la jurisdicción penal
Más allá de los graves problemas de movilidad que va a suponer llegar hasta allí, no solo a los trabajadores de todos los estamentos judiciales, sino a la propia ciudadanía, ya que no se cuentan con los viales suficientes, ni con un transporte público accesible, la ciudad de Sevilla se va a encontrar con un problema de dispersión judicial que nada tiene que ver con una Ciudad de la Justicia, sino más bien todo lo contrario.
Si no hay sitio para la creación de los nuevos órganos judiciales, que ya deberían haber entrado en vigor desde diciembre del año pasado, bien se puede buscar otro inmueble para la creación de estos órganos más cercana al lugar donde se encuentran todas las sedes actualmente.
Es verdad que lo que se pretende es evitar el gasto de los arrendamientos, y Palmas Altas ya es propiedad de la Junta de Andalucía, pero no es menos cierto que el traslado tal como está planteado va a suponer muchísimos más perjuicios que beneficios. Un traslado en diferido que va a durar al menos cinco años, no es un traslado digno de una ciudad como Sevilla. Además, los funcionarios de la Administración de Justicia, los estamentos que trabajan dentro de dicho sector y la ciudadanía no se merecen pagar por las decisiones que se toman a nivel político.
Problemas de movilidad
El campus Palmas Altas está situado en el extrarradio de la ciudad, más allá de la SE-30, viéndose perfectamente en el plano de la ciudad. El problema no es ya que no haya transporte público, es que a día de hoy no hay ni tan siquiera los viales necesarios para que la llegada y la salida desde dicho campus se realice de una manera fluida y ordenada. En la época en la que vivimos, bien parece que se esté fomentando el uso del transporte privado en lugar del transporte público. Más allá de los problemas que van a existir para llegar en medios de transporte privados, el transporte público simplemente no llega hasta allí.
Por parte del Alcalde, se indicó en la reunión de la constitución del grupo de trabajo del pasado día 3 de febrero que se haría llegar hasta allí la línea 35, que desde el Prado tendría 5 o 6 paradas. Pues bien, es que si eso no se hiciera, simplemente no habría forma de llegar en transporte público, con lo cual, es lo menos que se puede hacer.
Se plantearon varias soluciones más, y se indica que se creará otra línea exprés que conectaría el Prado con Palmas Altas. Si bien no nos oponemos a la creación de la misma, sino que la apoyamos, entendemos que allí deben llegar cuantos más medios mejor; hay que tener en cuenta que el Prado y San Bernardo, dejarán de ser centros de destino para los funcionarios destinados en los órganos judiciales que se trasladen, por lo tanto, para alguien que viva alrededor, así como para los profesionales, será una medida adecuada, y con la que reiteramos nuestro acuerdo, pero hay que poner más líneas que llegue Palmas Altas desde otros puntos de Sevilla, ya que Sevilla y área metropolitana debe estar perfectamente comunicada con las sedes judiciales de la ciudad.
Se deben crear carriles exclusivos para las líneas, porque deben ser varias, que lleguen y salgan de Palmas Altas, y hasta que llegue otros medios de transporte, todo lo que eso no sea así, estará abocado al fracaso. Hay que recordar los problemas de atasco que se viven a diario en la SE-30, así como el puente del quinto centenario, atascos que se agravan en las fechas veraniegas con las salidas hacia las zonas costeras.
Otra de las líneas de autobús que se debe fomentar es la línea 34, debiendo poner una parada justo en la pasarela peatonal. De esa manera habría otra línea que evitaría entrar en el embudo que va a suponer entrar en los viales que acceden a Palmas Altas.
La creación de lanzaderas desde diferentes lugares a los que se accede con el metro o el tren:
- Desde el apeadero del tren de cercanías que para en las Torres de Hércules, ya que está lo suficientemente cerca como para que todas aquellas personas que habitualmente llegan a trabajar en ese tren de cercanías desde diferentes puntos de la provincia de Sevilla, podrían tener también su acomodo;
- Desde la parada del metro de Blas Infante, lo que podría igualmente ayudar a todo el personal que venga desde el aljarafe.
Pero es que hay mucho más, una vez estén allí los primeros órganos judiciales que se van a trasladar a Palmas Altas, quien se va a hacer cargo de la seguridad del perímetro.
Palmas Altas se encuentra en una zona en la que no hay edificaciones alrededor, y teniendo en cuenta la distancia a los aparcamientos y la soledad de aquel lugar, se va a hacer necesaria una vigilancia.
En cuanto a lo relacionado con los traslados a la Fiscalía y al traslado de expedientes y documentos, tanto a la fiscalía como al decanato, ¿en algún momento se ha pensado como se van a hacer dichos traslados?
Por último, pero no menos importante, hay órganos de la administración de justicia en general, pero en particular, en la jurisdicción Contencioso Administrativa que tienen unas sillas que están en penoso estado, debiendo los funcionarios utilizar como sillas de trabajo sillas que no tienen apoyabrazos, no tienen ruedas ni no cumplen con el mínimo exigido para una adecuada Prevención de Riesgos Laborales. No se nos ha informado si el traslado, ya que nos vamos a una “casa nueva”, va a ser con un mobiliario acorde con una “Ciudad de la Justicia del Siglo XXI”, o vamos a tener el mismo mobiliario que en la justicia del Siglo XX con un traslado a cinco años que más recuerda al pasado siglo que a la ciudad de la justicia que nos están vendiendo para la ciudad de Sevilla pero que poco tiene que ver con esa realidad.