Una oportunidad para modernizar la clasificación profesional en el SNS.

El pasado 9 de diciembre de 2025, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó admitir a trámite la proposición de ley impulsada por el Parlamento de Cantabria para modificar el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), con un resultado de 155 votos a favor, 33 en contra y 156 abstenciones.

La iniciativa inicia ahora su recorrido parlamentario con la remisión a la comisión correspondiente y la apertura del plazo de enmiendas. Si supera esta fase, continuará su tramitación en el Senado.

Más allá del procedimiento, lo relevante es el alcance de la propuesta, que aborda una cuestión largamente pendiente: la obsolescencia de la actual clasificación profesional del empleo público, especialmente en el ámbito sanitario.

Una clasificación anclada en el pasado

La proposición de ley plantea eliminar las actuales subdivisiones A1 y A2, configurando un único grupo A para todas las titulaciones universitarias de Grado o equivalente. Esta modificación responde a una realidad incuestionable: el sistema actual sigue basado en la antigua diferenciación entre licenciados y diplomados, ya superada tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y el Plan Bolonia, que homogeneizó las titulaciones universitarias bajo el Grado.

Desde esta perspectiva, la propuesta supone un avance lógico y necesario para adecuar la normativa a la realidad académica y profesional vigente.

Reconocimiento de las especialidades y mayor responsabilidad

El texto incorpora, además, un elemento fundamental: el reconocimiento de un plus dentro del grupo A para aquellas titulaciones universitarias de Grado con una duración de seis años (360 créditos ECTS), así como para los supuestos en los que la ley exija un título universitario específico adicional.

Este reconocimiento resulta especialmente pertinente en el ámbito sanitario, donde determinadas profesiones —como la médica— requieren, además del grado, una formación especializada prolongada y un elevado nivel de responsabilidad. En este punto, desde CSIF Sanidad mostramos nuestro acuerdo con el planteamiento recogido en la iniciativa.

La asignatura pendiente: los técnicos sanitarios

No obstante, la proposición de ley adquiere una especial relevancia por otro aspecto clave: la derogación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015. Esta disposición ha permitido, en la práctica, mantener situaciones de clasificación profesional incorrecta durante años.

Es el caso de los técnicos superiores sanitarios (radiodiagnóstico, laboratorio, etc.), encuadrados en el subgrupo C1 cuando deberían estar en el grupo B, o de los técnicos medios, como los TCAE, actualmente clasificados en C2 cuando deberían estar en C1. Esta situación supone un incumplimiento material del propio artículo 76 del TREBEP y una injusticia prolongada para miles de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Una oportunidad que no debe desaprovecharse

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido públicamente la desadaptación de la clasificación del TREBEP a la realidad del personal sanitario y ha planteado la necesidad de una clasificación específica del personal estatutario, acompañada de un nuevo modelo retributivo. En este planteamiento, CSIF coincide plenamente.

La pregunta es inevitable: ¿será la negociación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco la que dé una respuesta definitiva a estas cuestiones?

Desde CSIF consideramos que el Ministerio de Sanidad tiene ante sí una oportunidad única para corregir estas desigualdades históricas. No basta con reconocer el problema: es imprescindible resolverlo de forma efectiva. Para ello, es necesaria una acción coordinada del Gobierno, de los grupos parlamentarios y de los ministerios implicados, especialmente Sanidad y Hacienda.

Cerrar esta brecha en la clasificación profesional no solo sería un acto de justicia para los profesionales de la sanidad, sino también un colofón coherente y ambicioso a la reforma del Estatuto Marco que actualmente se encuentra en negociación.