COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD: SIEMPRE ES AYER EN LA CONSEJERÍA

Ayer se celebró una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud (CSS), convocada de urgencia tras el desplome de una viga del tejado en el IES El Batán. Por fortuna, esta vez no ha habido daños personales. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más vamos a confiar en la suerte para evitar una tragedia?

Lo razonable habría sido que esta reunión sirviera para informar con rigor sobre lo ocurrido: causas, diagnóstico técnico y previsiones de actuación. En su lugar, lo único que se nos ha trasladado ha sido una declaración de intenciones: “nos estamos dando prisa”. Pero, cuando no hay fechas, ni informes, ni compromisos verificables, es difícil distinguir la prisa del inmovilismo.

Desde CSIF llevamos tiempo solicitando —por escrito y en distintas instancias— información detallada sobre el estado real de las infraestructuras educativas. No es una petición caprichosa: es una obligación legal que la Consejería de Educación y el Gobierno del Principado están obligados a cumplir. Y sin embargo, la respuesta habitual es tan preocupante como reiterativa: “no lo sabemos”.

Resulta llamativo que la administración encargada de gestionar el conocimiento, cada vez que se le pide información, desconozca lo esencial.

Y no hablamos de percepciones subjetivas. CSIF tiene constancia de que la mayoría de los centros educativos de la región no cuentan con las certificaciones mínimas de seguridad que permitirían su apertura en condiciones normales. Esto no es una acusación gratuita: es una constatación técnica. Cada día que pasa sin esas garantías mínimas, alumnado y personal docente están expuestos a riesgos que no deberían asumir bajo ningún concepto.

 

Conviene recordar —por si alguien lo ha olvidado— que el Gobierno del Principado y su Consejería de Educación son, legalmente, la patronal de miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen la educación pública. No son observadores, ni asesores. Son responsables directos. Como cualquier empresa, están sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿O acaso hay una legislación diferente para las administraciones públicas?

 

Desde CSIF no pedimos milagros, solo cumplimiento. No exigimos heroicidades, sino planificación. Somos conscientes de que gestionar infraestructuras públicas es una tarea compleja. Lo que no debería serlo es responder con datos, asumir responsabilidades y cumplir la ley. Eso, simplemente, se llama gobernar.

Si en la Consejería aún consideran que todo esto suena exagerado, les invitamos cordialmente a pasar una jornada completa en cualquier centro sin certificaciones de seguridad: con suelos que no sabemos si aguantarán otro invierno, instalaciones eléctricas envejecidas o bajo un techo que, como hemos visto, puede venirse abajo sin previo aviso.

 

Los tiempos han cambiado.
Nadie trabaja ya como en los años 80 ni en los 90. Ni siquiera en la función pública. Las televisiones son en color, los ordenadores utilizan inteligencia artificial… 

Quizás ha llegado también el momento de que nuestras administraciones empiecen a actuar con una responsabilidad a la altura del siglo XXI.