Nueva ley de empleo público, ¡¡paralización ya!!
15 de marzo de 2023
Acuerdo sindical
En el Parlamento Asturiano está a punto de ser aprobada la Ley del Principado de Asturias de Empleo Público, que sustituirá a la vetusta Ley 3/85 de Función Pública. En ella se recoge la regulación de nuestra vida laboral y nuestra relación con nuestra empresa, en este caso la Administración Autonómica asturiana: plantillas, Oferta de Empleo, Cuerpos y Escalas, acceso al empleo público, selección y provisión de puestos, situaciones administrativas, derechos y deberes, evaluación del desempeño y carrera profesional, jornada, régimen disciplinario, etc.
Una vez analizadas las últimas modificaciones, confirmamos con preocupación el lamentable intento de politizar aún más nuestra Administración, ahondando las diferencias entre unos grupos y otros, y con una reorganización de cuerpos y escalas que aporta confusión e incertidumbre.
Personal directivo y de libre designación
Se crea la figura de los Subdirectores. Por supuesto, el sistema de provisión será la Libre Designación, en contra de la línea jurisprudencial consolidada en los últimos años que aboga por los concursos. La excusa es la necesidad de “coordinar” las jefaturas de servicio. La realidad es la necesidad del partido en el gobierno de poblar nuestra Administración de funcionarios afines y de confianza. Un claro golpe de mano para politizar la Administración Pública asturiana.
Tras el trámite de enmiendas JGPA, lejos de corregir estos aspectos, se introduce que “será posible el nombramiento de personal directivo profesional que no sea personal funcionario de carrera del Grupo A, Subgrupo A1, sometido a una relación laboral de carácter especial de alta dirección, de acuerdo con los siguientes requisitos”, figura que aparece en el TREBEP contra la que sindicalmente se ha peleado para que no entre “a dedo” personal externo a la administración, .
En definitiva, ya no se trata solamente de sortear la jurisprudencia contraria a la libre designación sino que se busca introducir una figura más en la estructura, dando un carácter “ funcionarial “ a lo que es claramente tiene un carácter político . Esta es la modernización de la administración asturiana. Más puestinos para colocar a sus afines.
Funcionarización
Queremos denunciar públicamente el grave perjuicio que ocasiona a las trabajadoras el proceso de funcionarización que plantea la norma, que no contempla la creación de otros cuerpos de la misma familia profesional como auxiliares de enfermería o educadoras. Resulta imprescindible a nuestro criterio, funcionarizar familias profesionales completas.
Queremos denunciar que este proceso de funcionarización agudiza claramente el fenómeno de suelo pegajoso al que se enfrentan los grupos más feminizados de la administración autonómica, obstaculizando de manera múltiple la promoción en el empleo. Nos oponemos a este modelo que genera una discriminación grave a las personas trabajadoras en cuanto a la movilidad, promoción interna y superior categoría, con un impacto muchísimo mayor en las categorías más precarizadas y feminizadas: operarias de servicios, ordenanzas, personal subalterno, auxiliares de enfermería, auxiliares educadoras…. Reclamamos un proceso de funcionarización claro, sin ambigüedades ni incertidumbres, pero sobre todo que no suponga restricción de derechos.
Ahondando en el ejemplo, la creación del cuerpo de educadoras sociales incorpora como novedad el requisito de titulación específica, y así se vuelve a limitar los derechos de movilidad voluntaria y promoción profesional de las trabajadoras. Más que una regulación se trata de una irresponsable y pobre declaración de intenciones, que no contempla moratorias ni alternativa alguna para los cientos de educadoras que ejercen la profesión sin la titulación que a partir de ahora será preceptiva, que bloquea la promoción interna de auxiliares y genera una brecha entre el personal, tanto fijo como temporal, que será segregado en función de la posesión o no de la titulación.
Por otra parte, hay que recordar que el Grado en Educación social no se imparte en la Universidad de Oviedo, por lo que la universidad privada sale claramente beneficiada de esta nueva exigencia.
Bolsas de trabajo
En este trámite final parlamentario se añade una enmienda que incorpora a la norma una disposición por la que las bolsas serán preferentemente constituidas por aquellas personas que hayan superado al menos una de las pruebas del proceso selectivo. Se vuelve con esta determinación a una situación ya conocida por el personal al servicio de la administración asturiana: se favorecerán los llamamientos desde el SEPEPA (saltándose la regulación sobre llamamientos de las bolsas de trabajo) ante bolsas permanentemente agotadas. Es evidente el riesgo exponencial de fraude en los llamamientos, y escandalosa la penalización de las personas que participan en los procesos selectivos.
Promoción interna del personal funcionario de carrera
No se recoge la formación de listas de empleo para las personas que se presentan por el turno de promoción interna. Lo que sí contempla es la “Excedencia por prestación de servicios en el subgrupo o grupo de clasificación superior” pero esta es sin reserva de
destino, perdiéndolo si optas por hacer superior categoría.
Movilidad forzosa
Lamentamos no hayan sido atendidas las alegaciones y propuestas sindicales en cuanto a la movilidad forzosa: tras el trámite de enmiendas se mantienen sin cambios los traslados, redistribuciones y movilidad forzosos del personal funcionario. Una vez más, la modificación normativa repercute en una clara merma en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Movilidad interadministrativa
Mientras se restringe la movilidad del personal de nuestra administración se abre la puerta a la movilidad interadministrativa, mediante convenios y cooperación con otras administraciones públicas y ante circunstancias concretas. Todo parece indicar que esta medida vuelve a estar dirigida a favorecer a los grupos privilegiados de las distintas administraciones asturianas.
Resumen
Esta Ley desprende un tufo clasista en todo su contenido. El tratamiento que se da a los grupos más altos, con la creación de puestos directivos, movilidad interadministrativa, productividad y cobro del “equivalente” a la carrera profesional, dista mucho del que reciben las categorías más bajas: reducciones de plantilla que llevan a externalizaciones, movilidad forzosa, reestructuraciones, escalas a extinguir, limitaciones a la promoción y del reglamento disciplinario.
El mensaje de fondo de la ley, es que los problemas, errores e inconsistencias de la organización de la administración asturiana, tienen su origen en que los trabajadores y trabajadoras son poco responsables e inactivos. Por eso esta ley clasista, a los niveles altos les ofrece la zanahoria, es decir, dinero y entradas por la “puerta de atrás”, como si este personal fuera a resolverlo todo por dinero. En los niveles bajos se da el palo, cargas de trabajo sin definir, incertidumbre en el destino y aumento de la presión disciplinaria.
Lo cierto es que, después de treinta años esperando por esta norma, no nos encontramos precisamente ante una propuesta progresista y valiente. Algo que, por otra parte, tampoco nos puede sorprender más allá de lamentar otra oportunidad perdida.
En Oviedo, a 14 de marzo de 2023.