ASESORES DE LA JUNTA GENERAL: SUELDAZOS DE HASTA 67.000 EUROS Y AYUDAS SOCIALES. ¿Y PARA EL RESTO DE EMPLEADOS PÚBLICOS, NADA?

ASESORES DE LA JUNTA GENERAL: SUELDAZOS DE HASTA 67.000 EUROS Y AYUDAS SOCIALES. ¿Y PARA EL RESTO DE EMPLEADOS PÚBLICOS, NADA?

Ahora que se están debatiendo los Presupuestos del Principado de Asturias para 2027, desde CSIF queremos recordar al Gobierno que los empleados públicos seguimos esperando la recuperación de nuestras ayudas sociales.

Y ya va siendo hora de que esa recuperación tenga su reflejo en los presupuestos.

Porque mientras se negocian partidas, se anuncian inversiones y se decide a dónde va destinado el dinero público, hay una deuda pendiente con miles de empleados públicos

asturianos que este Gobierno sigue sin resolver.

Hablamos de las ayudas sociales que nos quitaron hace 15 años y que, desde entonces, ningún presupuesto ha servido para recuperar.

Quince años sin ayudas sociales. Quince años esperando. Y quince años comprobando que, para determinadas partidas sí parece haber recurso.

Y lo más sorprendente es que, mientras los empleados públicos de la Administración del Principado seguimos sin recuperar este derecho, en la Junta General se mantienen las ayudas sociales incluso para el personal eventual, entre el que se encuentran asesores y cargos de confianza nombrados a dedo, algunos con retribuciones que superan los 60.000 euros anuales.

Por eso, aprovechando la elaboración de los presupuestos de 2027, queremos recordar de dónde venimos, qué derechos nos quitaron y por qué ha llegado el momento de dejar de hablar de recuperación de derechos y empezar a destinar el dinero necesario para hacerla realidad.

UN POCO DE MEMORIA: LOS RECORTES DE 2010 QUE TODAVÍA ARRASTRAMOS

En 2010, con los recortes impulsados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Principado de Asturias intentó suprimir las ayudas sociales de sus empleados públicos. Desde CSIF plantamos cara, denunciamos aquella decisión y conseguimos defender las ayudas de ese ejercicio.

Y no olvidemos que aquellos recortes no se limitaron a las ayudas sociales. El Gobierno de Zapatero también nos impuso una reducción salarial del 5 % de media, que afectó directamente a nuestras nóminas y cuyas consecuencias seguimos arrastrando, especialmente en las pagas extraordinarias.

Desde CSIF nunca hemos renunciado a recuperar lo que nos quitaron. Impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias íntegras y, tras el rechazo de su tramitación por el Congreso de los Diputados, llevamos el asunto ante el Tribunal Constitucional.

El recurso impulsado por CSIF fue admitido a trámite y cuenta, además, con un informe favorable del Ministerio Fiscal, que cuestiona el criterio utilizado para impedir la tramitación de nuestra iniciativa.

Esperamos que el Tribunal Constitucional nos dé pronto la razón y podamos seguir avanzando en la recuperación de unos derechos salariales que nunca debimos perder.

Porque lo que se nos quitó en nombre de una crisis económica no puede convertirse en un recorte para toda la vida.

Y con las ayudas sociales ocurrió precisamente eso. Lo que empezó como una medida excepcional terminó convirtiéndose en permanente.

Desde 2011, los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias seguimos sin recuperar nuestras ayudas sociales.

Han pasado 15 años. La crisis económica que sirvió para justificar aquellos recortes quedó atrás, pero nuestros derechos siguen sin volver.

Eso sí, parece que no todos han tenido que soportar los mismos sacrificios.

AYUDAS SOCIALES PARA ASESORES CON SUELDOS DE MÁS DE 60.000 EUROS

Mientras miles de empleados públicos del Principado seguimos sin ayudas sociales, en la Junta General del Principado de Asturias estas prestaciones continúan existiendo.

Y que quede muy claro: desde CSIF nos alegramos de que los funcionarios de la Junta General hayan conservado este derecho. Nos parece estupendo y así debería ser para todos. No queremos que se lo quiten a nadie, sino que nos devuelvan lo que nos quitaron.

Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es que estas ayudas también alcanzan al personal eventual de la Junta General, entre el que se encuentran los asesores y cargos de confianza designados libremente.

Sí, hablamos de personas que acceden a estos puestos por nombramiento político, sin tener que superar una oposición para ocupar ese cargo, y que pueden percibir retribuciones brutas anuales de más de 60.000 euros y hasta 67.313,72 euros, según el puesto.

Y POR SI EL SUELDO NO FUERA SUFICIENTE, TAMBIÉN TIENEN DERECHO A AYUDAS SOCIALES.

Ayudas para gafas, lentillas, tratamientos dentales, prótesis, ortodoncias, estudios y otras prestaciones.

¡Hasta para limpiezas dentales!

Y aquí es donde uno empieza a preguntarse si estamos todos trabajando para la misma Administración pública asturiana o si existen realidades completamente distintas.

Porque resulta que un asesor de confianza que puede cobrar más de 60.000 euros al año tiene derecho a solicitar una ayuda para comprarse unas gafas, mientras que un auxiliar administrativo, un TCAE, un operario, un enfermero, un auxiliar educador o cualquier otro empleado público del Principado lleva 15 años sin recuperar sus ayudas sociales.

¿DE VERDAD LE PARECE NORMAL AL GOBIERNO DEL PRINCIPADO?

Y hay otro detalle que llama especialmente la atención: algunas de las prestaciones de las que disfruta el personal de la Junta General ni siquiera estaban contempladas entre las ayudas sociales que teníamos nosotros antes de que nos las suprimieran.

Es decir, no solo seguimos sin recuperar lo que perdimos, sino que otros mantienen prestaciones más amplias, incluso cuando hablamos de puestos de confianza con retribuciones muy elevadas.

Y aquí no estamos cuestionando que alguien pueda tener derecho a una ayuda social. Estamos cuestionando la incoherencia de un sistema que permite mantener esas prestaciones para determinados colectivos mientras se niega su recuperación a miles de empleados públicos.

Y AHORA VIENE LO MEJOR: CUANDO INTERESA, OTRAS COMUNIDADES SÍ SON UN EJEMPLO

Hay otra cuestión que merece una reflexión.

Cuando se trata de defender las subvenciones destinadas a CCOO y UGT en Asturias, se utiliza como argumento que este tipo de financiación también existe en otras comunidades autónomas.

¡Qué casualidad! Resulta que mirar lo que hacen otras comunidades es una magnífica idea... pero solo para determinadas cuestiones.

Porque cuando hablamos de recuperar las ayudas sociales de los empleados públicos, parece que esa preocupación por seguir el ejemplo de otros territorios desaparece.

¿Por qué el Gobierno considera válido mirar a otras comunidades para justificar determinadas subvenciones, pero no aplica el mismo criterio para recuperar derechos laborales?

¿Es que solo copiamos lo que interesa?

¿O es que las ayudas sociales de los trabajadores del Principado no tienen la misma importancia que otras partidas presupuestarias?

Insistimos: no pedimos que se eliminen las ayudas de nadie. Pedimos que el Gobierno explique por qué unos pueden seguir disfrutándolas mientras otros llevamos tres lustros esperando recuperarlas.

Porque cuesta entender que se mantengan estas prestaciones para determinados puestos, incluidos los de designación política, y que al mismo tiempo no se encuentre la forma de recuperarlas para el conjunto de los empleados públicos del Principado.