HAY NOMBRAMIENTOS QUE HACEN VOLVER ALGUNAS PREGUNTAS

A día de hoy seguimos esperando que el Gobierno del Principado nos enseñe los informes técnicos o jurídicos que justifiquen por qué se decidió cerrar la categoría de Educador a una única titulación, excluyendo otras titulaciones que durante años han permitido desempeñar estas funciones y poniendo en cuestión la experiencia profesional acumulada de quienes llevan años trabajando en los servicios públicos.

Los informes se han solicitado. NO SE NOS HAN FACILITADO.

Y durante la propia negociación tampoco se puso encima de la mesa ningún informe técnico o jurídico que acreditase de manera objetiva que esa decisión era necesaria, jurídicamente obligada o la única opción posible.

Hubo reuniones, sí. Muchas. Aunque, siendo sinceros, aquello se pareció bastante más a sesiones de terapia de grupo para intentar que terminásemos aceptando una decisión que ya estaba tomada que a una negociación real.

Porque la decisión estaba tomada. Y se impuso.

Lo sorprendente es que una decisión de semejante calado, que afecta a toda una categoría profesional, a titulaciones que durante años habían permitido el acceso, a la experiencia profesional de trabajadores que llevan años desempeñando estas funciones, a sus posibilidades futuras de promoción y al propio servicio público por falta de profesionales, se pudiera llevar adelante sin poner encima de la mesa un solo informe que la justificase.

O quizá el problema sea otro.

Quizá informes sí había. Y quizá no decían exactamente lo que políticamente se había decidido hacer. Porque cuando dentro de la propia Administración existen criterios e informes técnicos que cuestionan una decisión, lo lógico sería conocerlos. También aquellos procedentes de ámbitos como la Viceconsejería de Justicia o de los propios funcionarios públicos que hayan informado sobre esta cuestión.

Por eso llevamos tanto tiempo pidiendo los informes. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Queremos saber qué informes existían, quién los elaboró y qué decían.

Porque las consecuencias de aquella imposición, señora Llamedo, no son precisamente menores. Tanto, que ahora el asunto termina nuevamente en la Junta General del Principado para modificar otra vez la Ley de Empleo Público. La segunda modificación de la Ley 2/2023 se encuentra formalmente planteada y lo que va a hacer es aniquilar la promoción interna de un plumazo.

Porque funcionarizar unas categorías sí y otras no tiene consecuencias. Y una de ellas afecta directamente a algo tan importante como la promoción interna.

No se puede cambiar la naturaleza jurídica de unas categorías, mantener otras como laborales y después actuar como si las posibilidades de promoción entre unas y otras siguieran siendo las mismas.

No lo son.

Y ahí está precisamente una de las consecuencias de aquella decisión que CSIF lleva tiempo denunciando.

Por eso este asunto nunca fue simplemente una discusión sobre una titulación.

Estamos hablando de empleo público, de promoción interna, de experiencia profesional, del futuro de trabajadores que llevan años en esta Administración, de cómo se configura una categoría profesional y, por supuesto, de tener suficientes profesionales en las listas de empleo para poder atender el servicio público.

Y después de todo este conflicto, que sigue vivo; después de una negociación que para CSIF fue una imposición; y con la cuestión camino de la Junta General para volver a modificar la Ley de Empleo Público, se produce ahora el nombramiento de la nueva gerente del ERA.

Y aquí aparece otra circunstancia que tampoco vamos a ignorar: el vínculo familiar lejano que, según se ha publicado, existe entre la nueva gerente y la vicepresidenta Gimena Llamedo, precisamente la responsable política que estuvo al frente de las negociaciones relacionadas con esta cuestión.

Y concurre además otra curiosa coincidencia: la nueva gerente tiene precisamente la titulación que se pretende convertir en exclusiva para la categoría de Educador.

Respecto a la nueva Gerente, no tenemos nada que objetar de partida. Parece contar con experiencia en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, aunque evidentemente la dimensión y complejidad de la asociación que venía gestionando nada tienen que ver con las de un organismo como el ERA. En cualquier caso, no vamos a prejuzgar su nombramiento: valoraremos su gestión por los resultados, por su capacidad para afrontar los problemas reales del organismo y, especialmente, por su disposición a escuchar, dialogar y negociar con la plantilla y con sus representantes.

Que quede claro. No estamos cuestionando su nombramiento ni estamos diciendo que una cosa sea consecuencia de la otra.

Pero, después de todo lo ocurrido, resulta cuando menos llamativo.

Y hace que volvamos a hacernos exactamente las mismas preguntas que nos hacíamos entonces.

Cuando una decisión que afecta a cientos de profesionales, como cerrar a una única titulación la categoría de Educador, no viene acompañada de ningún informe técnico ni jurídico; cuando genera un conflicto de estas dimensiones; cuando existen discrepancias dentro de la propia Administración; cuando la negociación termina siendo una imposición; cuando posteriormente hay que volver a modificar la Ley de Empleo Público para intentar encajar las consecuencias de lo que se hizo; cuando por el camino se ponen en riesgo el servicio público y, finalmente, se produce un nombramiento de estas características... es perfectamente legítimo que vuelvan a surgir preguntas.