CARRERA PROFESIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SON LOS RESPONSABLES DE LOS PROBLEMAS DE SU GOBIERNO, SEÑOR BARBÓN.
19 de agosto de 2026
CARRERA PROFESIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SON LOS RESPONSABLES DE LOS PROBLEMAS DE SU GOBIERNO, SEÑOR BARBÓN.
Ante las distintas noticias aparecidas en los últimos días sobre la nueva evaluación del desempeño de los empleados públicos del Principado de Asturias, desde CSIF queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también aclarar algunos aspectos que consideramos fundamentales y que están siendo confundidos en el debate público.
En primer lugar, ningún empleado público va a ser despedido por obtener una evaluación negativa de su desempeño. Y hay una cuestión que debe quedar absolutamente clara: las consecuencias asociadas a la evaluación del desempeño ya están recogidas en la Ley 2/2023, de Empleo Público del Principado de Asturias.
Por tanto, no es el nuevo decreto el que crea esas consecuencias. La ley ya las establecía y un decreto únicamente puede desarrollar y concretar lo dispuesto en una norma de rango superior. Lo que está establecido en la Ley no puede ser modificado, eliminado o alterado mediante un Decreto.
Esta cuestión es especialmente importante porque se está trasladando a la opinión pública la impresión de que todas las consecuencias de la evaluación del desempeño son una decisión nueva del Gobierno del Principado y no es así.
Precisamente por este motivo, el margen de negociación sindical estaba condicionado desde el principio. Desde CSIF no compartimos determinadas previsiones de la Ley ni algunas de las regulaciones que se desarrollan en el nuevo decreto, pero nuestro objetivo durante la negociación ha sido claro: conseguir que las consecuencias negativas se reduzcan al mínimo posible y proteger los derechos de los empleados públicos dentro del marco que la propia ley permite. Y eso es lo que hemos conseguido en diferentes aspectos.
Una evaluación negativa no supone perder los derechos de forma permanente.
Una de las cuestiones que más preocupación está generando entre los empleados públicos es qué ocurre después de una evaluación negativa. Lo primero que queremos dejar claro es que una evaluación negativa no supone el despido del empleado público.
Las consecuencias negativas que contempla la normativa están vinculadas a determinados derechos de carrera profesional y otros efectos previstos legalmente. Y, precisamente gracias a las alegaciones realizadas por CSIF, conseguimos reducir a la mínima expresión esas consecuencias dentro del margen que permitía la Ley. Pero hay además una cuestión especialmente importante: esas consecuencias pueden revertirse con una evaluación positiva en el año siguiente.
Es decir, aunque una persona pueda acumular dos o incluso tres evaluaciones negativas, si en el ejercicio siguiente obtiene una evaluación positiva, recuperaría todos sus derechos, en los términos previstos en la normativa. Por tanto, no estamos ante una situación irreversible ni ante un sistema en el que una evaluación negativa marque de manera permanente la trayectoria profesional de un empleado público.
Desde CSIF creemos que este aspecto debe explicarse con claridad, porque permite entender cuál es realmente el alcance de la evaluación y evita generar una alarma innecesaria entre los trabajadores de esta Administración. Eso no significa que desde CSIF compartamos todas las consecuencias previstas. No las compartimos, y así lo hemos trasladado durante la negociación. Pero también debemos explicar que buena parte de esas consecuencias ya venían impuestas por una Ley que no puede ser modificada mediante un Decreto.
Mejoras conseguidas por CSIF.
A pesar de las limitaciones que imponía la Ley de Empleo Público, la negociación permitió introducir mejoras respecto al texto inicialmente planteado.
Entre ellas:
- Reducir la penalización en la carrera profesional en los casos de promoción interna.
- Reducir el número mínimo de días necesarios para poder ser evaluado en situaciones de incapacidad temporal.
- Incluir a las TEIS dentro del ámbito de la carrera profesional.
- Limitar las consecuencias negativas derivadas de las evaluaciones desfavorables y facilitar su recuperación mediante una evaluación positiva posterior.
Desde CSIF seguimos considerando que existen aspectos que deberían modificarse, pero sería irresponsable ocultar las mejoras conseguidas durante la negociación. Ahora bien, la aprobación del decreto no significa que vayamos a dejar de vigilar su aplicación. Ahí empieza precisamente nuestra labor de control.
Objetividad, transparencia y garantías.
La evaluación del desempeño solo tendrá sentido si se aplica con criterios objetivos y homogéneos. Desde CSIF vamos a estar especialmente vigilantes para que ningún empleado público pueda ser perjudicado por decisiones arbitrarias, diferencias de criterio, conflictos personales o cualquier tipo de injerencia política. La evaluación nunca puede convertirse en una herramienta de presión sobre los trabajadores.
Señor Barbón, evaluar también es asumir responsabilidades: Ponga el foco donde debe estar.
Y llegados a este punto, queremos dirigirnos directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón. Hablar de evaluación del desempeño puede resultar muy sencillo cuando se señala exclusivamente a quien está al final de la cadena. Pero la gestión de una Administración pública también tiene responsables políticos y directivos, y sería bueno que esa parte del debate no desapareciera.
Y, sobre todo, evaluemos los resultados de quienes tienen la responsabilidad de tomar esas decisiones. Es demasiado fácil utilizar a los funcionarios como saco de boxeo político cuando existen problemas reales en la Administración.
Por eso, señor Barbón, desde CSIF le pedimos que deje de utilizar la demagogia contra quienes trabajan cada día para mantener los servicios públicos y empiece a mirar hacia donde realmente corresponde.
¿Por qué no evalúa también el funcionamiento de su Gobierno? ¿Por qué no explica qué consecuencias tienen para sus Consejeros una gestión deficiente? ¿Y quién evalúa al propio Presidente del Principado?
Porque los empleados públicos no pueden ser responsables de aquello que no está en sus manos solucionar.
Quienes trabajan en la Administración llevan años soportando falta de personal, sobrecarga de trabajo, temperaturas extremas en los centros de trabajo, falta real de conciliación, problemas organizativos y decisiones que se toman muy lejos de sus centros de trabajo. Y, pese a todo, son ellos quienes mantienen abiertos los servicios públicos todos los días.
Por eso, antes de cuestionar públicamente el trabajo de miles de empleados públicos, el Presidente debería escuchar lo que sucede en los centros y servicios que dependen de su Gobierno.
Que escuche a quienes trabajan en Sograndio, en el ERA, en Dependencia, en Educación y en el conjunto de la Administración del Principado. Que conozca sus problemas de primera mano y que explique qué medidas piensa adoptar para solucionarlos.Señor Presidente, le pedimos algo muy sencillo: menos titulares contra los empleados públicos y más soluciones para los problemas que llevan años esperando respuesta.
Porque mejorar la Administración no consiste en buscar culpables entre quienes trabajan en ella. Consiste en gestionar mejor, escuchar más y asumir las responsabilidades que corresponden a cada uno.
