JUBILACIÓN PARCIAL: EL HECHO MATA AL RELATO

Cronología de un bloqueo que algunos ahora pretenden olvidar.

En los últimos días hemos asistido a comunicados de CCOO en los que se pretende responsabilizar exclusivamente a la Administración del retraso en la aplicación de la jubilación parcial y del contrato de relevo. Una reivindicación que compartimos, pero un relato que omite deliberadamente cómo se originó este problema.

La cronología importa

En julio de 2024, UGT y CCOO firmaron el Acuerdo Social que dio lugar al Real Decreto-ley 11/2024, una norma que dejó fuera a las Administraciones Públicas y privó a miles de empleados públicos laborales del acceso efectivo a la jubilación parcial.

Mientras otros firmaban ese acuerdo, CSIF denunciaba públicamente sus consecuencias, recurrió la norma ante los tribunales, impulsó iniciativas parlamentarias para corregirla, mantuvo reuniones con el Ministerio de Función Pública y defendió, allí donde fue necesario, que los empleados públicos no podían quedar excluidos de este derecho.

Ese trabajo constante, jurídico, institucional y sindical ha contribuido a que hoy exista una nueva regulación estatal que elimina el bloqueo y vuelve a hacer posible la jubilación parcial para el personal laboral en las Administraciones Públicas.

Por eso resulta sorprendente que quienes participaron en el acuerdo que provocó esta situación pretendan ahora presentarse como sus principales defensores.

La memoria también forma parte de la negociación colectiva

Es evidente que ahora corresponde a la Administración actuar. Debe convocar la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo, adaptar su contenido a la nueva normativa y dotar los recursos económicos necesarios para hacer efectiva la jubilación parcial.

Eso es precisamente lo que CSIF ya ha solicitado. Además, en la reunión mantenida el pasado mes de julio con el Director General de Empleo Público se nos confirmó que ya se estaba realizando el estudio económico necesario para cuantificar el impacto presupuestario de esta medida.

Ahora sí existen las condiciones legales para implantar la jubilación parcial. Ahora sí el Gobierno del Principado puede y debe hacerlo.

Lo que no puede hacerse es borrar la responsabilidad de quien creó el problema

Durante estos dos años, la Administración no pudo reconocer este derecho porque la normativa estatal vigente se lo impedía. Esa fue también la conclusión alcanzada por los tribunales: la regulación aprobada había dejado fuera a las Administraciones Públicas.

Y esa regulación no cayó del cielo. Fue la consecuencia directa del acuerdo firmado por UGT y CCOO, una negociación en la que los empleados públicos quedaron abandonados.

Por eso resulta inaceptable que hoy intenten cargar toda la responsabilidad sobre la Administración, como si ellos no hubieran tenido absolutamente nada que ver. No fueron meros espectadores; fueron protagonistas del acuerdo que hizo posible este bloqueo.

Quienes ayer firmaron un texto que cerró la puerta a la jubilación parcial de miles de empleados públicos no pueden comparecer hoy como si siempre hubieran estado al otro lado de la barricada. Primero aceptaron una regulación que nos dejaba fuera; ahora pretenden apropiarse de una solución que otros han impulsado y defendido durante todo este tiempo.

Los trabajadores merecen toda la verdad

En CSIF no necesitamos cambiar de discurso ni reescribir la historia. Hemos mantenido la misma posición desde el primer día: rechazamos el acuerdo de 2024, denunciamos sus consecuencias, recurrimos la norma, trabajamos para modificarla y hoy exigimos que se aplique sin más demora en Asturias.

Ahora sí, la Administración y el Gobierno del Principado pueden y deben ejecutar la jubilación parcial. Antes no podían porque la norma nacida del acuerdo firmado por CCOO y UGT dejó fuera a las Administraciones Públicas. Ese hecho es objetivo y no puede borrarse con un comunicado.

La coherencia se demuestra cuando hay que defender los derechos de los trabajadores. Porque quien contribuyó a cerrar la puerta no puede pretender ahora ponerse la medalla de haberla abierto.

La recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral es un paso decisivo, pero no el último, y debe ejecutarse de forma inminente en la Administración del Principado.

CSIF continúa trabajando para que este derecho se haga extensivo al personal funcionario y estatutario. Nuestro compromiso es claro: no dejaremos de reivindicarlo hasta conseguirlo.

 

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