EXAMEN DE GESTIÓN: Fraude encubierto en promoción interna y turno libre. Exámenes trampa, plazas desiertas y responsabilidades sin asumir.

Hoy se han publicado las notas del proceso selectivo de Gestión y se confirma el atropello a todas las personas que participaron en este proceso, tanto del turno libre como en la promoción interna, algo que por cierto, ya habíamos denunciado tras el primer examen de este proceso.

No hablamos de percepciones, hablamos de datos. En el turno de promoción interna había 31 plazas convocadas y únicamente 20 personas han superado el examen. En el turno libre, podían superar el examen 135 personas con un mínimo del 50% de la puntuación y sólo han aprobado 113. Es decir, plazas que quedarán desiertas mientras hay profesionales perfectamente cualificados que se han quedado fuera, incluidos jefes de servicio con sobrada experiencia. ¿De verdad se pretende hacer creer que no están capacitados?

Desde una perspectiva sindical, esto no es casualidad. No es la primera vez en la que la dificultad para el acceso a este cuerpo está muy por encima del nivel razonable de exigencia. Tal parece que nos encontramos ante consignas para que las oposiciones, lejos de racionalizarse, se conviertan en una verdadera carrera de obstáculos para los participantes. Se juega con los números, se elevan artificialmente los niveles de corte y se diseñan pruebas que no buscan evaluar la capacidad, sino restringir el acceso. El resultado es claro: plazas desiertas de forma sistemática.

La reserva de ley para la promoción interna se está vulnerando constantemente por parte de esta administración, vulnerando, por extensión, el derecho a la promoción profesional de todas aquellas personas que ya trabajan en el Principado de Asturias. Sobre el papel, ese porcentaje se respeta, pero en la práctica estamos viendo como quedan decenas de plazas convocadas por este procedimiento, sin cubrir.

¿Qué intereses hay detrás de esta práctica reiterada? ¿Por qué se permite que esas plazas pasen a turno libre si luego tampoco se facilita su cobertura? La consecuencia es una Administración más débil, más precaria y expuesta a dinámicas que nada tienen que ver con la profesionalidad y la transparencia. Lo que no hay es voluntad real de garantizar procesos justos. Se está desnaturalizando el sistema de acceso y promoción, generando frustración entre los empleados públicos y deteriorando el servicio que se presta a la ciudadanía.

Exigimos un cambio inmediato en los criterios y en el diseño de los procesos selectivos. Exigimos respeto a la promoción interna como derecho consolidado en toda la normativa de empleo público. Es hora de que la promoción interna deje de ser un eslogan vacío y se convierta en una realidad tangible, y eso solo pasará cuando se cubran todas y cada una de las plazas convocadas.

Lo mismo exigimos para el turno libre. Para ello, los tribunales tienen que empezar por mirarse el ombligo y asumir su responsabilidad en el diseño de pruebas que respondan a las funciones reales de los puestos, no a un supuesto filtro de élite. Porque lo que estamos viendo no son procesos selectivos rigurosos, sino exámenes que parecen pensados para ingresar en la NASA antes que para desempeñar con solvencia un puesto en la Administración. Y mientras tanto, plazas sin cubrir, talento desaprovechado y un sistema que hace aguas por todos lados.

Desde CSIF lanzamos una pregunta: ¿Queremos funcionarios con exámenes de élite para que después tardemos años en resolver concursos de traslados, concesiones de ayuda a la dependencia, tomas de posesión, ejecuciones de ofertas de empleo público, desarrollo de la excedencia por prestación en un grupo superior? Funcionarios de élite para una administración del S. XX.

Quienes tienen la responsabilidad de nombrar a los tribunales y velar por la correcta ejecución de los procesos selectivos deben asumir, de una vez por todas, un papel verdaderamente garantista. No basta con cumplir formalmente: hay que asegurar que los principios de igualdad, mérito y capacidad se aplican de manera real y efectiva. Y si no es así, habrá que exigir responsabilidades. Porque cuando, de manera reiterada, quedan plazas desiertas como consecuencia de exámenes desproporcionados y alejados de las funciones del puesto, no estamos ante una casualidad, sino ante una mala praxis. Quizá ha llegado el momento de plantear que estas actuaciones tengan consecuencias, incluso mediante la penalización o la exclusión de quienes, desde los tribunales, contribuyen a distorsionar los procesos selectivos y a vulnerar derechos de los empleados públicos.