LEY DE EMPLEO PÚBLICO: ENTRE EL APOCALIPSIS ANUNCIADO Y LOS QUE SE APUNTAN REIVINDICACIONES AJENAS

LEY DE EMPLEO PÚBLICO: ENTRE EL APOCALIPSIS ANUNCIADO Y LOS QUE SE APUNTAN REIVINDICACIONES AJENAS

Ayer tuvo lugar la reunión de Mesa General para abordar la propuesta de segunda modificación de la Ley 2/2023 de Empleo Público.

El objetivo principal de una Ley de Empleo Público es regular de manera clara y estructurada el funcionamiento del personal al servicio de la Administración pública, garantizando que el empleo público se gestione de forma transparente, profesional y eficiente, respetando derechos y obligaciones.

Estamos hartos de que tanto el Convenio como la Ley 2/2023, de Empleo Público del Principado de Asturias solo se muevan cuando al Gobierno le apetece, y nunca para reconocer ni dar soluciones reales a quienes sostienen la Administración. Que quede claro: las leyes no están para disfrazar decisiones subjetivas ni para hacer guiños para premiar favoritismos, están para garantizar justicia, oportunidades y respeto a quienes hacen funcionar el servicio público día a día.

Es intolerable que las decisiones sobre nuestro trabajo, nuestras condiciones y nuestra carrera profesional dependan del calendario electoral o de la conveniencia política. 

Una modificación normativa debe responder al interés general y orientarse a dar solución a problemas reales, tanto de los empleados públicos como de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Sin embargo, en este caso no solo no se cumple ese objetivo, sino que, además, está generando nuevos problemas en lugar de resolver los ya existentes.

CONFLICTO DE EDUCADORES/AS

La propuesta de modificación que nos llevan a la Mesa General, establece la creación de un Cuerpo de Educador a extinguir, un cuerpo de Auxiliar Educador C2, también a extinguir, así como la creación del Cuerpo de Auxiliar Socioeducativo C1 y la posibilidad de modificar OEP ya aprobadas y no convocadas.

Esta modificación no garantiza la continuidad de quienes llevan años sosteniendo el servicio como educadores.

Además, la funcionarización de las categorías de educador y auxiliar educador supone, en la práctica, limitar las oportunidades de promoción interna de los grupos más bajos de la Administración (grupos E y D), como es el caso de los TCAE, recortando sus posibilidades reales de desarrollo profesional. A ello se suma la ausencia de un calendario claro para esa supuesta “reclasificación”, cuyo horizonte parece diluirse hasta las próximas elecciones autonómicas. Mientras tanto, se insiste en que se están resolviendo problemas reales, aunque no se concreten cuáles.

Pero, además, CSIF fue el único sindicato que puso de manifiesto en la Mesa General que siguen sin convocar la OEP 2023 de educador laboral, aprobada y publicada en el BOPA. Esa OEP que habían dicho taxativamente que iban a modificar para transformar en personal funcionario educador social. Esto daría lugar a 64 ceses de educadores/as en el mes de junio.  Por esta razón, CSIF pidió que se convoque ya, tal y como está aprobada, para evitar ceses innecesarios e injustificados. Ante esto, el director de Empleo Público, afirma que para evitar que estas plazas caduquen “no les va a quedar otra que convocarlas como están”:

¿NOS HA GARANTIZADO QUE ASÍ VA A SER? NO.

 Y ante la petición de CSIF que la OEP se convoque antes de junio para evitar 64 ceses, ¿NOS DIJERON QUE SÍ? NOOOO.

¡Sorprende ver cómo quienes no han defendido mantener la OEP tal y como está ahora, aprobada, se presentan de repente como los grandes abanderados de esta solución!

Admiramos el positivismo de aquellos que ya estaban a favor la última vez cuando se trajo a Mesa esta modificación (y ahí la OEP de 2023 no se salvaba si no que se aprobaba poder modificarla). No sacan informas para presionar a la Administración, los lanzan diciendo que algunos anuncian el apocalipsis. Nos gustaría que éstos mismos nos expliquen ¿por qué lleva la Administración a Mesa General la modificación de la Ley introduciendo una disposición transitoria segunda, que dice “las OEP se adecuarán todo lo necesario a lo dispuesto en esta Ley, llevando a cabo las modificaciones que procedan respecto a las plazas no convocadas de ofertas ya aprobadas”, si no pretenden modificar dicha OEP? ¡Qué curioso resulta que ahora se presenten casi como impulsores de que la OEP de educador laboral pueda llegar a convocarse, cuando en su momento ya respaldaban su modificación!

Porque cuando CSIF, desde posiciones responsables advertimos sobre las posibles consecuencias de determinadas decisiones administrativas o políticas, no lo hacemos desde el alarmismo ni desde una voluntad catastrófica. Nuestra labor consiste en trasladar con rigor y honestidad el análisis de la realidad disponible en cada momento. Nuestra misión como sindicato es anticipar escenarios y señalar riesgos para poder evitarlos o mitigarlos, no generar miedo infundido. INFORMAR CON RESPONSABILIDAD ES UN DEBER SINDICAL BÁSICO.

Esperemos que las palabras del Director de Empleo Público lleguen a buen término y por eso hemos pedido la eliminación de esa disposición transitoria de la modificación de la Ley, que permite modificar OE
P ya aprobadas. De ser así, esta realidad, será gracias a la presión que CSIF lleva haciendo de forma constante por defender los derechos del personal educador, mientras otros nos llaman alarmistas y aceptan en Mesa lo que se les ponen.

CSIF tiene un objetivo claro: que se convoque la OEP y se protejan los derechos del personal.

Esperamos y confiamos en que dicha OEP sea publicada tal y como está, pero también es necesario que en la OEP de 2026 se sigan aprobando plazas de educador laboral, por dos argumentos de peso:

-Evitar ceses de los educadores/as que harán 3 años a lo largo del año. ¿Cuántas personas se verán afectadas?

-Tener lista de empleo para cubrir las necesidades de todos los puestos asistenciales, ya que la primera promoción de la Universidad Pública de Oviedo de Educadores Sociales no verá la luz hasta el 2032 (es un doble grado).

FUNCIONARIZACIÓN COMPLETA DE LA ADMINISTRACIÓN

CSIF ha vuelto a insistir en la funcionarización completa de la Administración para cumplir con la Ley de Empleo Público. Se les ha planteado la creación de todos los cuerpos, incluyendo el de valoradores de la dependencia, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, con el objetivo de evitar la progresiva extinción del personal sanitario en el ámbito de la dependencia. La respuesta recibida (que no se va a crear un cuerpo para 8 terapeutas y 2 fisioterapeutas valoradores) resulta, cuanto menos, preocupante.

¿De verdad el futuro de la atención a la dependencia puede sustentarse en este tipo de razonamientos? Este planteamiento no solo evidencia una falta de visión estratégica, sino también una preocupante falta de compromiso con un servicio esencial que requiere estabilidad, planificación y reconocimiento profesional.

No queremos guetos ni una plantilla fragmentada. La funcionarización parcial y arbitraria que se pretende impulsar genera desigualdades, limita las posibilidades de promoción y deja en manos de criterios subjetivos la decisión de quién puede optar a cada puesto, sin argumentos sólidos ni transparentes.

Quienes respalden estas funcionarizaciones parciales harían bien en asumir que están contribuyendo a cerrar, poco a poco, las oportunidades de promoción de los grupos más bajos. Luego no valdrá escudarse en que “es bueno para la familia”, porque difícilmente puede serlo cuando deja a parte de esa familia atrás. Y, llegado el momento, tampoco servirán las explicaciones ni las cortinas de humo: las consecuencias serán bastante más claras que cualquier relato.
Por esta razón, desde CSIF tenemos claro que no podemos dejar pasar esta oportunidad de modificar la Ley de Empleo Público.

Ha llegado el momento de poner en su sitio todo el desaguisado que el gobierno ha montado por jugar a ser expertos en empleo público, improvisando, parcheando y distorsionando normas que deberían garantizar estabilidad, reconocimiento y derechos a los empleados públicos.

REQUERIMOS MODIFICACIONES CLAVE EN LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO 
• Regulación del concurso-oposición como sistema ordinario de acceso para personal funcionario y laboral.
• Establecimiento de un verdadero proceso de estabilización en la promoción interna.
• Regulación de la excedencia por prestación de servicios en subgrupos superiores, sin limitarla al inmediato superior.
• Obligación de desligar la promoción interna de la promoción libre.
• Creación de todos los cuerpos correspondientes a las categorías existentes.
• Creación del cuerpo de valoradores, abierto a las titulaciones actuales.
• Creación del cuerpo de educadores, con reconocimiento formal dentro del empleo público.
• Obligación de aprobar Ofertas de Empleo Público de Auxiliar Administrativo de forma regular.
• Establecimiento de una periodicidad mínima obligatoria y ejecución real de los concursos de traslados y de méritos, tanto para personal funcionario como laboral.
• Una carrera profesional que impulse la promoción y no la penalice.
• Sanciones a los responsables por incumplimientos de los plazos establecidos.

En esta modificación de la ley se abre una oportunidad que no puede desaprovecharse: la de escuchar de manera real al personal público y legislar con ellos y para ellos, nunca en su contra. Solo desde ese enfoque será posible garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad.

No es admisible seguir adoptando decisiones que afectan a ámbitos tan sensibles como la dependencia, la educación, la atención a menores, la discapacidad o las personas mayores sin el rigor y el respeto que merecen. Ya es hora de poner orden, con responsabilidad y sentido común, en todo lo que se ha ido desajustando por el camino.

No descartamos incrementar la presión si este gobierno continúa sin atender las legítimas demandas de sus empleados.