CSIF exige el cumplimiento efectivo de los Planes de prevención de riesgos laborales y Protocolos de agresiones en toda la sanidad pública

14 de enero de 2026

CSIF Sanidad Nacional denuncia, de manera contundente, el incumplimiento sistemático por parte de las Administraciones sanitarias de su obligación legal — vigente desde hace 30 años — de garantizar a los profesionales unas condiciones de seguridad y salud adecuadas en su puesto de trabajo.


La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que condena al Servicio Extremeño de Salud por vulnerar la normativa de prevención de riesgos y por no implementar medidas para evitar agresiones, vuelve a poner en evidencia una problemática que CSIF lleva años denunciando sin descanso.

Este fallo confirma lo que venimos advirtiendo con cifras, informes y testimonios: las agresiones a los profesionales de la sanidad no son hechos aislados ni inevitables, sino consecuencia directa de la inacción, la falta de planificación y la ausencia de medidas preventivas reales.

Desde CSIF exigimos que todas las Administraciones sanitarias implanten de forma urgente y eficaz los elementos esenciales para garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores:

  • Reconocimiento legal como autoridad pública para todo el personal sanitario.
  • Sanciones que sean disuasorias de verdad, sobre todo en casos de reincidencia.
  • Una tipificación clara de las conductas violentas, desde insultos hasta acoso continuado.
  • Protocolos de seguridad homogéneos y efectivos, que no dependan del centro donde trabajes.
  • Protocolo Nacional Unificado de Agresiones, con directrices claras de prevención y actuación.
  • Agilización de órdenes de alejamiento para proteger a las víctimas.
  • Apoyo psicológico gratuito a las víctimas.
  • Presencia permanente de vigilantes de seguridad en los centros con mayor conflictividad.
  • Sistemas de comunicación directa y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con protocolos claros y tiempos de respuesta garantizados.
  • Botón antipánico, salidas alternativas y diseño seguro de consultas.
  • Actualización periódica de las evaluaciones de riesgos, incluidos los psicosociales, no cada 15 años.
  • Protección de la identidad profesional, con tarjetas codificadas en lugar de nombres completos.
  • Planes de prevención reales y no meros documentos archivados, integrados en la gestión diaria de los centros sanitarios.
La sentencia del TSJ de Extremadura evidencia que varios incidentes previos fueron ignorados, que las recomendaciones de las unidades de prevención no se aplicaron y que solo después de la agresión la Administración se decidió a actualizar la evaluación de riesgos.

Es decir: se actúa tarde y mal.

Como bien subraya la resolución judicial, la cuestión central no es la indemnización, sino el reconocimiento de un incumplimiento grave por parte de la Administración. Se ha vulnerado el derecho fundamental de los profesionales a la salud y la seguridad en el trabajo.

“La cuantía de la indemnización no es lo más importante, sino la puesta en evidencia del incumplimiento legal y la obligación de resarcirlo.”

CSIF coincide plenamente: el objetivo principal es que no vuelva a ocurrir.

Desde que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales entró en vigor hace tres décadas, las Administraciones sanitarias han mirado hacia otro lado. Se sigue pensando en prevención de riesgos laborales como si fuera simplemente colocar un extintor en la pared y olvidarse, cuando en sanidad lo realmente urgente son los riesgos psicosociales, las agresiones y la presión asistencial, la parte más crítica de la salud laboral.

Las agresiones alcanzaron un récord histórico en 2024, con una media de 45 agresiones al día, siendo Atención Primaria la especialidad más castigada.

Y aun así, la mayoría de los servicios de salud continúan sin cumplir sus obligaciones preventivas básicas.

Desde CSIF Sanidad Nacional vamos a intensificar:

  • Acciones legales contra las Administraciones que incumplan la normativa.
  • Campañas para visibilizar el riesgo real al que se enfrenta el personal sanitario.
  • Exigencia directa en mesas sectoriales para que los planes de prevención se apliquen de forma inmediata.
  • Asesoramiento y acompañamiento jurídico a todo profesional agredido o desprotegido.

La prevención de agresiones no es un gasto, es una inversión que salva vidas, protege a los trabajadores y mejora el funcionamiento de los centros. Los profesionales sanitarios merecen entornos seguros, protegidos y libres de violencia. Y la Administración está obligada por ley a proporcionarlos.

Desde CSIF Sanidad Nacional lo decimos alto y claro:

No vamos a permitir ni un incumplimiento más.
No vamos a permitir ni una agresión más sin responsabilidad.
No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de quienes cuidan de todos.

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