CSIF reclama una solución para los 20.000 empleados/as de empresas públicas que siguen trabajando sin Convenio propio

Tragsatec (medio ambiente), Senasa (aeronáutica), Consorcio de Compensación de Seguros (indemnizaciones), Incibe (ciberseguridad)  o Isdefe (defensa) son empresas públicas claves en sus sectores que reúnen a más de 16.000 empleados/as que no tienen un Convenio propio. 

 

 

Los años pasan y la situación amenaza con ser crónica. Pero tal y como explica Óscar Venteo, presidente de CSIF EPE, "hay que seguir insistiendo al Estado, que es su propietario, en que cada empresa pública debe tener su propio Convenio para ordenar las condiciones laborales de sus empleados, acordes a sus puestos de trabajo. Es más, cada empresa tiene su personalidad y hay que respetarla".

 

CSIF reitera que un Convenio es necesario para regular la promoción profesional que está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. Y no es suficiente con un marco de relaciones laborales como existe en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, que, entre otras funciones, indemniza los daños producidos por fenómenos naturales para las personas o bienes afectados.

 

El problema se repite en más entidades públicas como  ISDEFE,  que es la empresa de ingeniería del Ministerio de Defensa que cada año acusa por este motivo una fuga de talento más amplia y que, sin embargo, la Dirección no se preocupa por atajar. 

 

SENASA también es un medio propio de la administración en el sector aeronáutico. Sus más de 600 trabajadores, sin embargo, trabajan sin Convenio. CSIF ha constituido una sección sindical en esta empresa para solucionar el problema.  

 

TRAGSATEC es una empresa pública que pertenece a la SEPI especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoria y asistencia técnica en materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad pública. Cuenta con más de 15.000 empleados, entre los que, además, se registra la tasa de eventualidad más alta del sector público tal y como denuncia sistemáticamente CSIF.