Hoy, en El Debate, CSIF denuncia el problema del ICO: el banco público gana 300 millones, pero casi la mitad de los empleados no cobra lo previsto en su nómina

ARTÍCULO PUBLICADO HOY EN EL DEBATE 03/07/2025

 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el banco público a través del que se han canalizado buena parte de las ayudas para la dana, el Covid, los avales de los fondos europeos Next Generation... Su labor ha sido alabada, pero los beneficios que obtiene contrastan con la situación de 160 de los 365 empleados de la entidad: ven con asombro cómo llevan años sin cobrar lo que dice en su nómina.

 

«Desde que en el año 2014 se bloqueó el sistema, no cobramos lo que dice en nuestras nóminas, y el ICO es una empresa muy rentable», lamenta Miguel Ángel Rozas, representante del sindicato CSIF en la compañía. «Soy oficial administrativo de nivel cuatro, y hasta que no pasen cuatro o cinco años, no recibiré lo que corresponde a mi categoría», añade.

 

A Rozas le resulta sorprendente esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que el banco público ganó 314,3 millones de euros en 2023 y 294,2 millones en 2024, según indican en su memoria anual.

 

Una de las consecuencias de estos incumplimientos es que el talento se está yendo del ICO. En 2022 lo abandonó un 9,3 % de la plantilla, en 2023 un 8,6 % y en 2024 también un 8,6 %; una cifra de rotación altísima, siempre en torno al 9 %.

 

«El ICO nunca ha sido buen pagador. Cuando entré, hace treinta y dos años, llevaba diez años sin convenio colectivo. Es un banco público que Hacienda se niega a ver como banco. Estamos como castigados. Quienes aprueban el examen del ICO, se van al del Banco de España y también lo aprueban, porque es exactamente igual. Cada vez hay más fuga de talento al Banco de España, Cofides u otras empresas públicas en las que no está bloqueado el sistema», lamenta Rozas. Ya se ve que «María Jesús Montero no quiere pagar a los empleados públicos». La Dirección General de Costes de Personal, antiguo CECIR, que depende del Ministerio de Hacienda que dirige Montero, es el que lleva la voz cantante. Tiene mucha fuerza desde el año 2012. Por ejemplo, se vio cuando el Congreso aprobó por mayoría que se subiera el sueldo de los profesores de autoescuela y CECIR lo tiró abajo. Hacienda negocia directamente con las empresas públicas, entre ellas el ICO, sin que el comité de empresa pueda tomar parte en el asunto.

 

No está mal que se controlen los costes. Sin embargo, a Rozas le choca que, mientras no llega la actualización de sus nóminas, el ICO haya aumentado de 58 a 72 el número de cargos intermedios, como se puede ver en la memoria, o que el banco público haya fichado recientemente un aluvión de consultores para analizar las empresas que podrán acceder a financiación pública. Para ellos parece que hay dinero.

 

En este contexto se están desarrollando las negociaciones: «El propio presidente actual ha reconocido que es un problema político, no de dinero, como ya lo hizo antes el también presidente Pablo Zalba, que llegó con el PP. No quieren pagar las categorías». La rebelión ha comenzado, y habrá que ver si consigue sus objetivos. Lo último que ha ofrecido el presidente actual del ICO, Manuel Illueca, en una asamblea el martes, dentro de una negociación exprés, es hacer un sistema de desarrollo profesional, más restrictivo en categorías profesionales. Así se está negociando el nuevo convenio colectivo, con un tono más restrictivo conducido por Costes de Personal.