LOSU: entre el desencanto y la frustración

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Para CSIF se ha demostrado como una ley administrativa y burocrática que sigue sin resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además:

- Ha incidido en romper la equidad y desvertebrar el Sistema Universitario Español, afectando negativamente al funcionamiento de las universidades con incertidumbre e inestabilidad

- No ha resuelto los problemas de financiación ni los de precariedad y temporalidad del profesorado (PDI) y del personal técnico y de administración (PTGAS)

- Después de tres años seguimos sin visos de alcanzar el 1% del PIB para financiar a las universidades públicas y sin noticias del Estatuto del Personal Docente e Investigador

La aparición de una nueva Ley Orgánica genera siempre expectativas, vinculadas a la resolución de los problemas existentes y a la mejora integral que demanda el sistema. Y esto es justo lo que esperaba el Personal Docente e Investigador y el de Administración y Servicios de las universidades públicas españolas con respecto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), mucho más cuando tanto Castells como Subirats colocaron acabar con la precariedad como objetivo prioritario de su nueva Ley universitaria.

 

A tres años de su entrada en vigor la LOSU ni ha asegurado la estabilidad ni ha acabado con la precariedad

Según el Boletín Estadístico de la Función Pública de enero de 2026, más de 49.00 profesores universitarios (Asociados, Sustitutos, Ayudantes, Ayudantes Doctores) siguen sumidos en la inestabilidad y precariedad laboral con una temporalidad del 45,88%. Más escandalosos son los datos del Personal Técnico de Gestión y de administración y servicios (PTGAS) que, concluidos los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, alcanza una temporalidad el 50,22% cuando la media en el resto de administraciones públicas no llega al 30%. En este escenario, ¿alguien ve factible que las universidades públicas lleguen en algún momento al 8% de temporalidad que fija la Ley?

Como ya advirtió CSIF hace un trienio, la LOSU no ha mejorado una carrera académica trufada de incertidumbre e inestabilidad (sin regular los profesores Sustitutos o el Profesor Permanente Laboral). Ha potenciado la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos (quitó los porcentajes de PDI funcionario, excluyó a figuras como Ayudantes Doctores y Asociados Ciencias de la Salud del cómputo de PDI laboral temporal, creó figuras laborales análogas a TU y CU).

La LOSU daba seis meses para que el Gobierno presentara un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Cerca de tres años después y con una negociación inexistente, no se vislumbra que esta norma llegue a cuajar. Según el reciente informe CYD 2025 tampoco la LOSU ha rejuvenecido la plantilla del PDI (media de 49,5 años) y sigue mostrando un insuficiente y lento relevo generacional, y un estabilización tardía con una media de 40 años en los Ayudantes Doctores temporales, primer eslabón de la carrera académica.

Un trienio después la LOSU ha agravado la financiación de las universidades públicas

Aunque era uno de los puntales de Castells y Subirats, tras tres años de LOSU, no existe financiación suficiente para las universidades. No hace falta más que ver los problemas de infrafinanciación durante estos años de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad de Extremadura, la Universidad de A Coruña o la Universidad del País Vasco. Nuestra financiación pública está por debajo de la media de la UE (14,5%) y de la OCDE (19,5%) en gasto total por estudiante universitario. Resulta frustrante ver que ha aumentado el gasto público, pero sin alcanzar los niveles de financiación de 2009.

Seguimos sin un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente. Para CSIF resultan escandalosas las diferencias en la financiación de las CC. AA. Considerando el PIB per cápita regional, el mayor esfuerzo financiero público relativo se dio en Cantabria (41,2%) y en Valencia (38,1%), mientras que la menor ratio se dio en Madrid (16,3%) y en Cataluña (23,5%).

En definitiva, las universidades siguen enredadas en la financiación, casi tres años después y sin visos de alcanzar el objetivo de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030 (hoy está en el 0,75%). En este objetivo creemos que no existe voluntad política del Gobierno viendo una convocatoria anual de negociación y una absoluta falta de interés y voluntad política.

En tres años la LOSU ha desregulado y fragmentado el SUE poniendo en riesgo la equidad

Una desregulación que trufó toda la norma rompiendo el marco común básico, fragmentando el sistema universitario español (cada universidad y cada CC.AA. están decidiendo en temas claves como la gobernanza, los Estatutos, las acreditaciones, las becas y tasas o el desarrollo de figuras de profesorado laboral), favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad.

Además, el Ministerio de Universidades -pero también las CC.AA. y las propias Universidades-, siguen en  un muy largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos lo que ralentiza medidas necesarias que no admiten más dilación como la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas, la creación de figuras laborales y su acreditación, la implantación de la contabilidad analítica, etc. CSIF incide en que la LOSU no incrementó la participación de la sociedad en las universidades, renunció a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuyó las competencias de los Consejos Sociales.

 

Por último, la LOSU cedió la mayoría de las competencias de la ANECA en evaluación del profesorado a las agencias de evaluación autonómicas permitiendo que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios la puedan hacer mediante convenio con ANECA las agencias de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos está generando ya en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.