La temporalidad se eleva al 27,3 por ciento: las administraciones suman 23.000 temporales en el último trimestre y se vuelve a superar el millón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la temporalidad en las administraciones públicas ha vuelto a repuntar hasta un 27,3 por ciento (más del doble que en el sector privado), constatando el incumplimiento de la Ley de Estabilidad y la precariedad del empleo en este sector, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Los datos de la EPA muestran en concreto como el número de temporales en las administraciones supera de nuevo el millón (1.020.400), 23.200 más que en el trimestre anterior y 65.800 más que en el mismo periodo de 2025.

SANCIONES EJEMPLARES A LOS RESPONSABLES DE LAS ADMINISTRACIONES

Ante esta situación, CSIF insiste en que se deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumpla

De hecho, en la reunión de seguimiento de la temporalidad celebrada la semana pasada, el ministerio de Función Pública informó de que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, como reclama CSIF, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, tal y como establece el Acuerdo Marco, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.