CSIF valora la aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario, pero el Gobierno abandona al Personal Docente e Investigador
23 de octubre de 2026
- La convocatoria de elecciones amenaza con paralizar de nuevo los borradores del Estatuto del PDI en un contexto de sobrecarga de trabajo y pérdida continuada de poder adquisitivo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora positivamente la reciente aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario y denuncia el agravio comparativo respecto al Personal Docente e Investigador (PDI) que sigue sin estatuto propio a pesar de la obligación legal explícita fijada en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Nuestra organización reprueba esta falta de voluntad política, que mantiene a estos profesionales en un escenario de incertidumbre y precariedad. El Gobierno continúa incumpliendo el mandato para desarrollar reglamentariamente la carrera académica y el régimen del PDI, compromiso que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades retrasa sistemáticamente.
La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre amenaza con paralizar de nuevo los borradores del Estatuto del PDI y deja en el aire la ordenación de las figuras laborales y funcionarias, la estabilización de plantillas y el reconocimiento de derechos, en un contexto de sobrecarga de trabajo y pérdida continuada de poder adquisitivo.
CSIF exige al Ministerio que reactive de forma inmediata la negociación del Estatuto del PDI para su aprobación y que lo acompañe de la financiación necesaria. Reclamamos la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado de 2027 de las partidas precisas para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, el fin de la tasa de reposición y una carrera académica clara, predecible y transparente desde la etapa predoctoral hasta los cuerpos docentes.
Respecto a la aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario, CSIF muestra su satisfacción por una regulación actualizada que se adapta a la realidad social, tecnológica y académica actual. La nueva norma refuerza derechos esenciales como docencia y evaluación de calidad, atención a la salud mental y bienestar, conciliación e inclusión y tutorización efectiva y prácticas dignas.