El Parlamento Europeo presiona para que se aprueben normas más estrictas de la UE sobre riesgos psicosociales en el trabajo

El informe , una resolución de iniciativa legislativa que solicita una mayor protección contra los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, incluidos el estrés, el agotamiento y los trastornos de salud física y mental asociados, fue aprobado con 413 votos a favor, 210 en contra y 29 abstenciones. La resolución refleja las prioridades sustanciales que CESI defendió durante las negociaciones sobre el texto.

El Parlamento Europeo solicita a la Comisión Europea que evalúe la legislación vigente y realice una evaluación de impacto, complementada con un análisis de competitividad y de las PYME, antes de presentar, en función de los resultados, una propuesta legislativa sobre riesgos psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo. La resolución no introduce nuevas obligaciones legales.

El eje central de las recomendaciones es la exigencia de requisitos mínimos para prevenir, eliminar o reducir los riesgos psicosociales desde su origen. El marco propuesto abarcaría a trabajadores, aprendices y becarios tanto del sector público como del privado, imponiendo a los empleadores obligaciones organizativas, estructurales y participativas.

Las evaluaciones de riesgos periódicas, incluso tras cambios significativos en la organización o reestructuración del trabajo, examinarían la carga de trabajo excesiva, la intensidad laboral, las jornadas laborales largas o impredecibles, el acoso, la violencia, la discriminación, la inseguridad laboral y la injerencia entre la vida laboral y la privada. Tras las evaluaciones, se elaborarían planes de prevención concretos. La resolución subraya que los programas de bienestar laboral o la formación individual en resiliencia no pueden sustituir la responsabilidad de los empleadores de abordar las causas organizativas de los daños.

El informe también aboga por una política de tolerancia cero ante la violencia y el acoso, incluyendo el acoso sexual, el acoso escolar, la ciberviolencia y la violencia ejercida por clientes, pacientes o usuarios de servicios. Esta política debe estar respaldada por procedimientos de denuncia confidenciales y accesibles, así como por la protección contra represalias.

El informe también identifica a los sectores de salud y asistencia social, administración pública y otros servicios que implican contacto directo con el público como aquellos que enfrentan riesgos psicosociales particularmente altos. La escasez de personal, la alta intensidad laboral y la violencia de terceros pueden combinarse para ejercer una presión significativa sobre los trabajadores.

En respuesta a la resolución, Paloma Repila, presidenta de la Comisión de Expertos en Servicios de Salud del CESI, subraya que las futuras normas de la UE deben aplicarse por igual a los empleadores públicos y privados. Las administraciones públicas, incluidas las responsables de la sanidad, los servicios sociales y la educación, deben tener las mismas obligaciones de prevenir, evaluar, abordar y supervisar los riesgos psicosociales, respaldadas por una supervisión, rendición de cuentas y sanciones efectivas.

Pide que las administraciones públicas rindan cuentas por las decisiones organizativas que crean o agravan estos riesgos, entre los que se incluyen la escasez crónica de personal, las cargas de trabajo y las jornadas laborales excesivas, los planes de sustitución inadecuados, la precariedad laboral y los objetivos incompatibles con la prestación segura de los servicios públicos.

Los profesionales de la salud y la asistencia social deben recibir atención prioritaria en la legislación futura. La escasez de personal debe reconocerse como un riesgo psicosocial, y las autoridades sanitarias deben abordar la planificación de recursos humanos, los niveles de personal y la cobertura de reemplazo cuando la escasez ponga en peligro la salud física o mental de los trabajadores. Deben implementarse medidas específicas de prevención, protección y apoyo a las víctimas para abordar la violencia física, verbal, psicológica y digital ejercida por pacientes, familiares y usuarios de los servicios.

Paloma Repila afirmó: «Si el Parlamento Europeo reconoce la escasez de personal, la sobrecarga de trabajo y la violencia contra los trabajadores como causas estructurales de los riesgos psicosociales, las administraciones públicas de salud no pueden quedar exentas de las obligaciones, los controles y las responsabilidades que se exigen al sector privado. Proteger la salud mental de quienes sustentan los sistemas sanitarios y asistenciales debe convertirse en una prioridad estratégica de la política europea de salud laboral».

La resolución también aborda los riesgos vinculados a las tecnologías digitales. Antes de una reestructuración significativa o la introducción de sistemas automatizados de toma de decisiones o monitoreo, los empleadores deben evaluar los posibles impactos psicosociales en colaboración con los trabajadores y sus representantes. La gestión algorítmica no debe generar un monitoreo ni una presión excesivos, y debe mantenerse una supervisión humana efectiva. El texto también respalda el derecho a la desconexión.

Los eurodiputados piden que se reconozca que los riesgos psicosociales pueden provocar enfermedades profesionales, incluidas afecciones de salud mental, y que se revise, cuando sea necesario, el baremo europeo de enfermedades profesionales. Los planes de reincorporación laboral con apoyo y sostenibles deberían ayudar a los trabajadores que se encuentran en ausencias prolongadas o reiteradas relacionadas con el estrés, el agotamiento, el acoso laboral, el hostigamiento o la violencia, mediante ajustes en las tareas, la carga de trabajo, el horario laboral o la organización del trabajo.

Los trabajadores y sus representantes deben estar informados, ser consultados y participar activamente en todo el proceso de evaluación y prevención de riesgos. Unas inspecciones laborales más sólidas, formación especializada y recursos suficientes deberían respaldar una aplicación eficaz de la normativa.

CESI considera que la resolución supone un paso hacia el marco más sólido de la UE que CESI ha defendido: tratar los riesgos psicosociales como una cuestión de seguridad y salud laboral que requiere prevención mediante mejores condiciones de trabajo.

Para CESI, el siguiente paso debe ser traducir estas recomendaciones en protección exigible y mejoras concretas en los lugares de trabajo, incluidos los servicios públicos.

 

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