CSIF rechaza la Oferta de Empleo Público porque apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado y reduce la promoción interna

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza la Oferta de Empleo Público (OEP) anunciada hoy por el ministro Óscar López, porque es insuficiente (apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado) y por segundo año consecutivo reduce las plazas de promoción interna, concretamente en 220 –según datos del propio Gobierno, comparados con la presentación del año pasado https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2025/150725-Presentacion-OEP2025.pdf --

A falta de conocer el detalle de la distribución, CSIF entiende que esta Oferta de Empleo Público impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

El Ministerio ha ocultado a las organizaciones sindicales más representativas los datos en la negociación y debe explicar al detalle las cifras trasladadas en rueda de prensa. Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

CSIF defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados. De hecho, mañana mismo nos concentramos frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, en plena campaña de la renta, ante la necesidad de reforzar las plantillas en la Agencia Tributaria, garantizar la carrera administrativa y que el Servicio de Vigilancia Aduanera sea considerado profesión de riesgo.