CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación de los tribunales de instancia: incremento de plantillas, agilizar los procesos selectivos y apostar por la formación

Delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, procedentes de toda España han analizado durante tres días en Madrid la grave situación que atraviesan los tribunales de instancia como resultado de la implantación de la ley de Eficiencia de la Justicia que conlleva un nuevo modelo organizativo. Entre las deficiencias detectadas figuran la escasa formación para las plantillas, personal insuficiente y el atasco que sufren los procesos selectivos.

 

Las jornadas fueron inauguradas por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y participaron ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la Asociación de Profesionales de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ); María Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso; Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia; Alejandra Alonso, directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid; y Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Los delegados de CSIF les trasladaron el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo recogido por la ley de Eficiencia y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año. 

La conclusión final es que dicha ley tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de Presupuestos. En este sentido, CSIF exige la adopción de las siguientes medidas:

 

• Implantación de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de los servicios, áreas y equipos. Cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

 

• Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas. Pueden establecerse de modo presencial u  online de apoyo a la tramitación, así como planes formativos conjuntos de letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo.

 

• Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. La situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable, con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

 

• Revisión de las relaciones de puestos de trabajo. Es necesario actuar en dos direcciones: incremento de plantillas y profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación.

 

• Revisión de los protocolos de actuación. Hay que impulsar la participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras.

 

• Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas, como recoge el artículo 439 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en todas las administraciones prestacionales.

 

• Puesta en marcha del modelo de carrera profesional. Este Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y es una de las claves de la gestión del cambio.