CSIF Informa: RDL 39/2026, de 17 de noviembre transparencia salarial e igualdad retributiva
- Igualdad
19 de noviembre de 2026
El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, refuerza los derechos de información de las personas trabajadoras, la igualdad salarial entre mujeres y hombres y las garantías frente a la discriminación laboral.
PRINCIPALES NOVEDADES
1. Más transparencia sobre los salarios
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Derecho a conocer los criterios utilizados para determinar las retribuciones y los niveles salariales.
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Derecho a solicitar información sobre el salario propio y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes desempeñen trabajos iguales o de igual valor. La empresa deberá responder por escrito en un plazo máximo de dos meses.
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Si la información facilitada es incompleta o inexacta, se podrán solicitar aclaraciones, que deberán recibir una respuesta motivada en un plazo de 15 días.
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Las personas que hayan finalizado su relación laboral también podrán solicitar información retributiva correspondiente al periodo trabajado, siempre que lo hagan dentro del año siguiente al cese.
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Se prohíben las cláusulas que impidan a las personas trabajadoras revelar su propio salario.
2. Mayor transparencia en las ofertas de empleo
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Las ofertas deberán informar sobre la retribución inicial del puesto.
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Se prohíbe preguntar a las personas candidatas cuánto cobraban en sus empleos anteriores.
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Los anuncios y denominaciones de los puestos deberán ser neutros respecto al género.
3. Refuerzo de la igualdad retributiva
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Las empresas de 100 o más personas trabajadoras deberán justificar las diferencias salariales entre mujeres y hombres iguales o superiores al 5 %. En las empresas de 50 a 99 personas trabajadoras, el umbral se mantiene en el 25 %. Estas justificaciones deberán acreditar que las diferencias responden a motivos ajenos al sexo de las personas trabajadoras.
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Se refuerzan los registros y las auditorías retributivas para identificar desigualdades y establecer medidas correctoras. Las diferencias salariales injustificadas deberán corregirse en un plazo máximo de seis meses.
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Se refuerza la participación de la representación legal de las personas trabajadoras en el análisis de las diferencias salariales y en la adopción de medidas correctoras. Las razones que expliquen dichas diferencias deberán determinarse conjuntamente entre la empresa y la representación legal, haciendo constar las discrepancias cuando no exista acuerdo.
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La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada con al menos 10 días de antelación a la elaboración o modificación del registro retributivo.
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El plazo para reclamar por discriminación retributiva se establece en tres años desde que cese la situación discriminatoria.
4. Más derechos y protección laboral
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Información contractual: La empresa deberá informar por escrito sobre las condiciones esenciales del contrato, independientemente de su duración. Esta información también deberá facilitarse a la representación legal de las personas trabajadoras, aunque no figure en la copia básica del contrato.
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Mayor estabilidad en el empleo: Se refuerza el derecho a conocer las vacantes y solicitar puestos con mayor estabilidad o previsibilidad. La empresa deberá responder de manera motivada y por escrito en un plazo máximo de un mes, ampliable a tres meses en empresas de hasta 10 personas trabajadoras. Para las solicitudes generales de acceso a condiciones más estables o previsibles previstas en el artículo 21 bis.1.d) del Estatuto de los Trabajadores se exige una antigüedad mínima de seis meses.
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Periodos de prueba: Se establecen límites más precisos. En los contratos temporales de duración igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá superar un mes, reduciéndose proporcionalmente en los de duración inferior. Además, será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando la persona ya haya desempeñado anteriormente las mismas funciones en la empresa.
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Horas complementarias: Se establece un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo establezca uno inferior. Si se incumple, la persona trabajadora podrá rechazar su realización sin consecuencias desfavorables. Si la empresa cancela total o parcialmente las horas complementarias previstas, se mantiene el derecho a percibir la retribución correspondiente a las horas no realizadas.
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Derecho al pluriempleo: La empresa no podrá prohibir ni penalizar que una persona trabajadora preste servicios para otras empresas, salvo restricciones justificadas por causas objetivas, como la salud y seguridad, la confidencialidad o la prevención de conflictos de intereses. Se mantiene la posibilidad de pactar la plena dedicación mediante compensación económica.
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Protección frente a represalias: Se prohíbe cualquier trato desfavorable por ejercer o reclamar derechos laborales, tanto directamente como a través de la representación legal de las personas trabajadoras.
5. Mayor control y sanciones
Se refuerza el régimen sancionador por incumplimientos en materia de información laboral, igualdad y transparencia retributiva.
Entre otras medidas, se consideran infracciones graves determinados incumplimientos relacionados con la información contractual, los registros retributivos y los planes de igualdad, mientras que las represalias empresariales frente a reclamaciones laborales se tipifican como infracciones muy graves.
6. Nuevas garantías en la contratación pública
Se refuerza el control del cumplimiento del principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres por parte de las empresas contratistas y subcontratistas del sector público.
Los incumplimientos podrán dar lugar a penalidades e incluso a la resolución del contrato público, en los supuestos graves o reiterados previstos legalmente.
Además, se reconoce la posibilidad de que la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista inste el inicio del procedimiento de resolución contractual en estos supuestos.
¿Y EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
La norma extiende al empleo público el principio de transparencia retributiva previa al acceso al empleo y las previsiones sobre transición a otras formas de empleo, en los términos establecidos por la normativa aplicable.
Entrada en vigor: 19 de noviembre de 2026, con plazos escalonados para determinadas obligaciones de información retributiva.
CSIF seguirá trabajando para garantizar que la transparencia salarial se traduzca en igualdad retributiva real y en una mayor protección de los derechos laborales.
Normativa: Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. BOE de 18 de noviembre de 2026.