CSIF considera “más que necesaria” la nueva ley frente a las agresiones al personal del SAS y exige a la Junta que cumpla “con hechos”

• El sindicato recuerda que lleva años reivindicando medidas urgentes ante el aumento progresivo de la violencia, con récord de 162 casos en 2025 en Jaén

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de “más que necesaria” la ley integral contra las agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía antes de que acabe el año.

El sindicato, primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha exigido a la Junta de Andalucía que “pase de una vez por todas de las intenciones a los hechos” para atajar la violencia contra el personal de la sanidad, uno de los problemas más graves que afronta el sistema sanitario.

Así lo ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien ha recordado que “CSIF lleva años reclamando a la Administración que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para abordar una situación que es una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial”.

Según datos oficiales, en 2025 se marcó récord histórico al registrarse 1.976 agresiones a profesionales del SAS, de las que 1.589 fueron de carácter no físico y 387 de carácter físico. De esas, 162 se produjeron en centros de la provincia de Jaén, de ellas 133 fueron de carácter no físico y 29 físico. “La tendencia al alza de los últimos años deja claro que no se están poniendo todos los medios necesarios para garantizar la protección e integridad de nuestros profesionales. Es más que necesario adoptar medidas eficaces que incluyan aspectos normativos, organizativos y presupuestarios”, ha explicado Girela.

Asimismo, ha recordado que hace más de seis años, en concreto en marzo de 2020, CSIF ya registró una propuesta dirigida a la Consejería en la que planteaba modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de frenar las agresiones. Entre otras cuestiones, el sindicato exigió “que todas las infracciones sean explícitamente expresadas de forma que no existan márgenes de interpretación y algunas de estas conductas queden sin sancionar”.

Desde entonces, CSIF viene reclamando de manera pública en los distintos foros de negociación que la Administración “actúe sin que le tiemble el pulso y que agredir a un profesional no salga tan barato”.

 Asimismo, el pasado 12 de marzo y con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, CSIF registró un escrito dirigido al consejero del ramo, Antonio Sanz, en el que le instaba a cumplir su compromiso de establecer un régimen sancionador específico y unos instrumentos normativos necesarios para disuadir a potenciales agresores. En este escrito, se solicitaba, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta, así como una dotación suficiente de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de gasto, con sustituciones ágiles para poder reforzar la prevención de forma real.

Girela ha valorado como muy positivo que el Gobierno andaluz haya optado por la fórmula del decreto ley para agilizar la aprobación de la norma y no ralentizar su aplicación, pero ha añadido que desde CSIF “estaremos muy pendientes para que el anuncio y compromiso de fechas realizados se cumplan”.

De igual manera, CSIF ha insistido en la importancia de que la Administración sanitaria complete la nueva normativa para hacer frente a las agresiones con el impulso de campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a ellas, orientadas a toda la ciudadanía, con la finalidad de evitar que este tipo de violencia se normalice como parte del desempeño profesional. 

 Por último, Girela ha apuntado que “nuestra hoja de ruta seguirá siendo avanzar en medidas concretas que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar la mayor seguridad posible de los profesionales del sistema sanitario andaluz, lo que redundará en optimizar el servicio público que se presta a la ciudadanía”.