CSIF reclama mejores condiciones laborales para los profesionales de la seguridad privada en Granada y denuncia la precariedad salarial y el intrusismo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado mejoras condiciones laborales para los más de 14.000 profesionales de la seguridad privada en activo que desarrollan su labor en la comunidad andaluza y  ha pedido un compromiso institucional y empresarial para dignificar la profesión y asegurar el cumplimiento de la ley.

Con motivo del Día Nacional de la Seguridad Privada que se celebra este miércoles, la Central Sindical ha criticado que, pese a la importante labor que desempeña este colectivo para defender la seguridad de la ciudadanía y la responsabilidad que implica el puesto, sus integrantes soportan salarios bajos y acumulan una pérdida de poder adquisitivo que contrasta con el riesgo y las exigencias que conlleva esta profesión.

El sector de Empresa Privada de CSIF Granada ha recordado que “este colectivo lleva años soportando un sueldo medio que ronda el Salario Mínimo Interprofesional o apenas lo supera, especialmente cuando se trabaja para subcontratas o empresas de bajo coste, y con jornadas que superan las diez horas diarias, con escasa compensación por nocturnidad, festivos o turnicidad”.

La situación de los trabajadores de la seguridad privada ha llegado a ser “tan precaria”, que del total de 20.000 vigilantes con titulación en Andalucía, unos 6.000 no ejercen su profesión a día de hoy. En este sentido, el sindicato lamenta la falta de motivación que provoca este hecho en los aspirantes a ejercer esta profesión y la dificultad que genera para atraer a personal cualificado. 

La Central Sindical ha mostrado también su preocupación ante la falta de reconocimiento social e institucional de los vigilantes de seguridad, a los que “en demasiadas ocasiones se les considera figuras pasivas y se les devalúan su verdaderas funciones, una visión que contrasta con la percepción que se tenía de ellos durante la pandemia por la COVID-19, cuando fueron declarados trabajaderos esenciales”. 

Intrusismo y competencia desleal

Otro de las dificultades a las que se enfrenta el colectivo es el constante intrusismo que padece, sobre todo como consecuencia de la proliferación de empresas que operan sin estar debidamente habilitadas conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. “La falta de inspecciones eficaces y el descontrol en las adjudicaciones públicas está generando la proliferación de las llamadas empresas piratas que incumplen el convenio colectivo del sector”, denuncia CSIF Empresa Privada.

Esta práctica “no solo constituye una competencia desleal, sino que también pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de las empresas al confiar servicios sensibles a personal no cualificado”. Además, las sanciones por intrusismo son habitualmente insuficientes, lo que permite que el problema persista.  

Agresiones a profesionales

Asimismo, el sindicato destaca que, en repetidas ocasiones, los vigilantes de seguridad privada, sobre todos los destinados en hospitales y centros de salud, son víctimas de agresiones tanto físicas como verbales cada vez más graves y frecuentes. Por ello, ha instado tanto a las administraciones como a las empresas del sector a que tomen las medidas de protección necesarias para garantizar así la seguridad y la salud de las plantillas en el desarrollo de su jornada laboral.

“A pesar de ser los primeros en llegar ante un altercado o ser requerido para impedir una agresión al personal sanitario, estos profesionales adolecen de los recursos necesarios para realizar su trabajo de forma eficaz y carecen de programas formativos actualizados”, lo que, a juicio de CSIF, compromete la capacidad de los trabajadores para actuar correctamente en situaciones de emergencia o riesgo.

Por todo ello, CSIF Granada considera que es “urgente la puesta en marcha de medidas que eviten el deterioro de las condiciones laborales de este colectivo y se repongan los derechos que les han sido arrebatados”. Además, ha reclamado un respaldo legal para el colectivo, ya que “se enfrenta con frecuencia a un escenario normativo ambiguo, que los deja totalmente desprotegidos jurídicamente”. En este sentido, ha recordado la reiterada demanda de CSIF del reconocimiento a los vigilantes de seguridad privada como agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones, lo que aumentaría su protección frente a conflictos y agresiones.