CSIF celebra el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad tras años de reivindicaciones

Pontevedra, 7 de octubre de 2026. CSIF celebra el reconocimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo que acaba de culminar su tramitación parlamentaria con la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

La reforma fue aprobada definitivamente por el Senado el pasado 30 de septiembre y refuerza la protección jurídica de los trabajadores penitenciarios ante las agresiones que puedan sufrir durante el ejercicio de sus funciones. Para CSIF, supone dar respuesta a una situación de inseguridad que el sindicato viene denunciando desde hace años y que se ha hecho especialmente visible en centros como el de A Lama (Pontevedra).

Así lo explicó Juan da Cruz, delegado sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de A Lama, durante una entrevista concedida a la cadena COPE. Da Cruz recordó que se trata de una reclamación mantenida durante años por los trabajadores y destacó las consecuencias prácticas que tendrá el nuevo reconocimiento.

Entre ellas se encuentra una mayor protección penal frente a las agresiones, que podrán ser perseguidas como atentado contra agente de la autoridad en los términos previstos por el Código Penal. La reforma establece además expresamente la presunción de veracidad de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus competencias y contempla la compensación por los daños personales o materiales sufridos como consecuencia del servicio.

Para el representante de CSIF, esta última cuestión resulta especialmente importante en situaciones que forman parte de la realidad cotidiana de las prisiones, desde lesiones físicas hasta daños en efectos personales. La nueva regulación establece que, cuando el responsable de los hechos no pueda afrontar la indemnización correspondiente, será la Administración la que responda subsidiariamente.

Da Cruz puso también el acento durante su intervención en COPE en la seguridad jurídica que aporta la presunción de veracidad. El delegado sindical recordó que los funcionarios pueden verse sometidos a denuncias por actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones y considera que el nuevo marco legal permitirá reforzar su respaldo ante los tribunales.

A Lama, escenario de graves agresiones

CSIF recuerda que este reconocimiento llega después de años de movilizaciones y denuncias por el incremento de las agresiones y la falta de medios y personal en los centros penitenciarios.

La situación ha tenido especial incidencia en A Lama, donde los sindicatos se movilizaron el pasado mes de junio después de que un interno armado con un pincho carcelario intentase agredir a funcionarios del centro. Tras aquel episodio, los representantes de los trabajadores reclamaron públicamente medidas urgentes de seguridad y denunciaron la existencia de alrededor de 40 vacantes únicamente en el área de vigilancia.

Los datos manejados entonces por los sindicatos situaban a A Lama como la prisión gallega con mayor número de agresiones registradas desde 2020, con 37 ataques, 32 de ellos concentrados en los tres últimos años.

La situación del centro pontevedrés se enmarca además en un problema que afecta al conjunto del sistema penitenciario. CSIF cifra en más de 500 las agresiones anuales a trabajadores de prisiones en España, aproximadamente una cada 18-20 horas, y advierte de que la población penitenciaria ha aumentado en unos 6.200 internos desde 2024.

Por ello, el sindicato considera que el reconocimiento como agentes de la autoridad supone un avance de gran importancia, pero insiste en que debe ir acompañado de otras medidas para mejorar la seguridad dentro de los centros.

CSIF reclama reforzar las plantillas, especialmente en las áreas de vigilancia y sanitaria, actualizar los medios disponibles y adaptar la normativa penitenciaria a una realidad muy diferente de la existente cuando se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1979.

El sindicato considera necesario continuar avanzando en estas reivindicaciones para que la mayor protección jurídica que introduce la reforma se traduzca también en mejores condiciones de seguridad en el trabajo diario de los profesionales penitenciarios.