A Coruña se suma a Santiago y Vigo en las movilizaciones contra el colapso en la Justicia tras la implantanción de la Ley de Eficiencia

A Coruña, 30 abril de 2026.- CSIF Xustiza ha participado hoy junto a los funcionarios de la Administración de Justicia de A Coruña en la concentración convocada para denunciar la situación de caos y colapso que atraviesa el servicio tras la implantación de la denominada Ley de Eficiencia Organizativa.

Los funcionarios de A Coruña se suman así a las movilizaciones ya desarrolladas en Santiago y Vigo, dando continuidad a una respuesta conjunta en toda Galicia frente a una reforma que, según denuncian, se está aplicando sin la planificación, los medios ni la coordinación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia.

Durante la concentración, el colectivo alertó de que la reforma, presentada como un proceso de modernización del sistema judicial, está derivando en una sobrecarga de trabajo insostenible, una evidente falta de personal y un deterioro progresivo del servicio público. La realidad en los juzgados gallegos, señalaron, dista de los objetivos anunciados y pone de manifiesto importantes carencias estructurales en su implantación.

Entre los principales problemas, CSIF destacó la falta de cobertura de plazas vacantes, lo que obliga al personal a asumir funciones adicionales de forma continuada; la movilidad funcional sin límites claros, que dificulta la especialización; y la ausencia de formación adecuada. A ello se suma la implantación incompleta de herramientas tecnológicas, que está generando disfunciones en el trabajo diario de las oficinas judiciales.

Asimismo, el sindicato aprovechó para reclamar la recuperación de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, considerada clave para reforzar la estructura judicial en la ciudad. CSIF recuerda que esta reivindicación cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Xunta, la alcaldesa de A Coruña y distintos grupos parlamentarios, y exige que el texto del Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales definitivo —previsto entre finales de mayo y junio— la incorpore de forma expresa.

Para la presidenta de CSIF Xustiza, Auri Fernández, la situación actual responde a una implantación precipitada de la norma por parte del Ministerio de Justicia, sin las condiciones necesarias para su correcta aplicación. “Si la comunidad autónoma no es capaz de gestionar esto, hay que decir las cosas como son: el principal responsable es el Ministerio de Justicia, porque diseñó esta ley de forma apresurada y nos colocó a todos en un escenario sin medios ni garantías”.

En este sentido, los representantes de los distintos sindicatos coincidieron en la necesidad de abrir un proceso real de negociación que permita corregir las disfunciones actuales e implementar medidas correctoras en materia de personal, organización del trabajo y conciliación, con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales adecuadas y un funcionamiento eficiente del servicio para el ciudadano.