CSIF exige la creación de una asesoría jurídica para respaldar a los equipos directivos de los centros públicos de Extremadura

Desde CSIF Educación Extremadura, nos dirigimos a esta Administración para dar traslado de una necesidad apremiante detectada en los centros educativos de nuestra comunidad.

Es necesaria la creación de un departamento de asesoría jurídica especializada que preste apoyo directo a los equipos directivos y al Cuerpo de Inspección ante situaciones de alta complejidad. En la actualidad, los docentes y los inspectores actúan como representantes de la Administración frente a la ciudadanía, a menudo en escenarios donde las familias acuden acompañadas de asistencia letrada. Sin embargo, ni unos ni otros cuentan con una formación jurídica equivalente a la de los profesionales del Derecho. Esta asimetría genera una situación de indefensión, ya que cualquier error en el procedimiento administrativo puede derivar en graves responsabilidades, no solo profesionales, sino también de carácter personal y patrimonial para los trabajadores.

Asimismo, queremos denunciar formalmente la obsolescencia de la normativa que regula la convivencia en nuestra región. El Decreto 50/2007, con casi dos décadas de antigüedad, se encuentra completamente desfasado respecto a la realidad social actual. Su aplicación genera constantes inseguridades jurídicas y discrepancias técnicas (en plazos y procedimientos) al colisionar con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que es la norma de rango superior que debe regir toda actuación administrativa.

Por ello, exigimos que se aborde de manera inmediata su modificación y adecuación, tal y como este sindicato ya reclamó el 20 de junio de 2025 ante la Comisión Regional de Absentismo. Recordamos que esta propia Administración, a través de su Secretaría General de Educación, reconoció ya el 23 de julio de 2024 la necesidad de dicha actualización, admitiendo públicamente que la normativa vigente no responde a las transformaciones socioeconómicas y educativas de los últimos veinte años. Es reseñable que la mayoría de las CCAA han actualizado sus normativas desde el año 2015 para adaptarse al nuevo marco administrativo.

Consideramos que tanto la reforma legal como la creación de una asesoría jurídica ágil y presencial son pilares fundamentales para garantizar la calidad del sistema educativo público. Al dotar a los equipos directivos y a la Inspección de la seguridad jurídica necesaria, podremos asegurar una atención correcta al alumnado y a las familias, protegiendo al mismo tiempo la integridad de los trabajadores de la Consejería de Educación.

Otras comunidades ya cuentan con servicios análogos o similares que deben servir de referencia para Extremadura:

• Unidad de Atención al Profesorado (UAP) en Castilla-La Mancha creada por el Decreto 13/2013, de autoridad del profesorado.
• Unidad de Apoyo al Profesorado en Andalucía (Decreto 209/2025, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley de Autoridad).
• Unidad de Apoyo y Asesoramiento de Galicia (Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025).
• Unidad de Convivencia Escolar en la Región de Murcia.

Quedamos a la espera de su respuesta y de una pronta convocatoria para abordar estas medidas.

Atentamente,

 

Mercedes Barrado Pacheco

CSIF EDUCACIÓN EXTREMADURA