CSIF presenta un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante “la evidente falta de recursos” en la educación pública

    CSIF ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos. Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que, más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable.

“La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón.

Según datos analizados por CSIF, el alumnado cordobés con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 7.047 en el curso 2015-2016 a 10.632 en 2024-2025, un incremento del 50,87 %. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió casi un 12 %, de 106.065 a 93.448 estudiantes en el conjunto de la provincia.

Para Pachón, esta evolución demuestra que “las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema”. Entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 748 a 880, un 17,65% más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.

“Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva”, advierte el responsable sindical.

El Plan Integral presentado en rueda de prensa plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

La situación de Orientación resulta especialmente significativa: en el curso 2024-2025 había 173 profesionales para 93.448 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 540 alumnos por orientador. “La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios”, ha defendido Pachón.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. “Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro”, ha apuntado el responsable sindical.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.30’ alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios cordobeses, 60 más que en 2019-2020. En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias. Pachón subraya que “el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario”.

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo. “De las 336 PTIS en Córdoba, tan solo el 41 % depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial”, ha denunciado Pachón.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.

“El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces”, ha concluido el máximo responsable de CSIF Educación Córdoba

A estas carencias se suman las dificultades relacionadas con la financiación y las infraestructuras. Andalucía invierte 6.965 euros por alumno, frente a los 7.421 euros de media nacional. Además, el 70% del profesorado cordobés encuestado por CSIF considera que los centros necesitan mejoras o presentan deficiencias importantes.

En cuanto a condiciones laborales del profesorado, CSIF ha insistido en la necesidad de mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y avanzar en el reconocimiento profesional. Un docente cordobés puede llegar a cobrar casi 8.000 euros brutos menos al año que un profesional de alguna de las comunidades mejor retribuidas.

Por otro lado, CSIF ha puesto en valor los avances conseguidos y ha exigido que se cumplan íntegramente las medidas conseguidas mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que incorpora la reducción de ratios, empezando este mismo curso a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años; el incremento de cupos para la atención a la diversidad, la modalidad telemática para tareas que no requieren atención directa al alumnado, los días de asuntos particulares en período lectivo, convocatoria del acceso del Cuerpo de Catedráticos y el refuerzo horario vinculado a la función tutorial.

CSIF ha advertido que “estos avances no agotan nuestras reivindicaciones y ha subrayado que el inicio de curso debe servir como punto de partida para acometer reformas urgentes que permitan blindar la educación pública, para lo que es necesario incrementar la inversión, mejorar las condiciones laborales de los docentes y alcanzar un gran pacto por la educación que aporte estabilidad al sistema”.