CSIF demanda a Función Pública por su inactividad: incumple su obligación legal en el desarrollo del teletrabajo y otras medidas

CSIF demanda a Función Pública por su
inactividad: incumple su obligación legal en
el desarrollo del teletrabajo y otras medidas

- La implantación de esta modalidad laboral en la Administración General del
Estado lleva cinco años de retraso: CSIF exige que se declare inactividad
por incumplimiento de una obligación legal
- Función Pública también tiene paralizadas en el Congreso de los Diputados
normas sobre la evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación,
movilidad y carrera profesional
- El Gobierno da instrucciones en el BOE para el abono del 0,5 por ciento, tras
las presiones de CSIF: esta subida llega tarde y es insuficiente porque
seguimos con los sueldos congelados y llevamos perdido un 8 por ciento
desde el anterior acuerdo salarial

Madrid, 03 de julio de 2025. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado
una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) por el retraso
acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General
del Estado (AGE).

CSIF denuncia que el teletrabajo, como modalidad de trabajo a distancia en el ámbito de
la Administración Pública se creó mediante real decreto en 2020 como consecuencia de
la crisis del COVID-19, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, y fijaba un
plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas.
En este sentido, denunciamos que no se han producido avances, por lo que emplazamos
al TSJM a que condene a Función Pública por inactividad y le obligue a regular el
teletrabajo en la AGE, culminando el desarrollo reglamentario del real decreto en el
ámbito de sus competencias.

CSIF lleva años reivindicando la implantación del teletrabajo en la Administración
General del Estado. Tras la aprobación del real decreto en 2020, CSIF firmó en abril de
2021 el acuerdo por el que se desarrollaba el teletrabajo en la Administración General

del Estado, y en diciembre de ese mismo año presentó sus alegaciones a la norma
durante la fase de consulta pública, que culminó en enero de 2022.
CSIF volvió a exigir ese mismo año a Función Pública que cumpliera lo recogido en el
real decreto y, ante la ausencia de respuesta, presentamos la primera reclamación
administrativa por inactividad a finales de 2022. Posteriormente, en febrero de 2023
volvimos a presentar un anuncio de recurso contencioso administrativo que fue admitido
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que y emplazó al Ministerio de Hacienda y
Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para
formalizar dicha demanda. Finalmente, dicho expediente fue remitido al TSJM en mayo
de este año, más de dos años después, por lo que CSIF ha procedido a formalizar dicha
demanda.

Por último, CSIF recuerda que Función Pública está haciendo dejación de funciones en
el desarrollo de cuestiones fundamentales para las condiciones laborales de las/os
empleados públicos; no sólo hablamos del teletrabajo, sino también de normas sobre la
evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación, movilidad y carrera profesional,
incluidas en sendos proyectos de Ley de Función Pública, paralizados en el Congreso.
Toda esta situación se suma además a la ausencia de un nuevo acuerdo salarial que
permita aprobar la subida de este año, o el acuerdo aún pendiente para la oferta de
empleo público sin tasa de reposición, entre otros.

Respecto a los sueldos, precisamente hoy, el Gobierno dio instrucciones en el BOE para
el abono del incremento del 0,5 por ciento. Han hecho falta, decenas de manifestaciones
en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en
la Moncloa. Además de llegar tarde, esta subida del 0,5 es insuficiente dado que
seguimos con los sueldos congelados y una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento

respecto al acuerdo salarial de 2022.