CSIF interpone recurso ante el TSJ contra el decreto de comisiones de servicio de Educación por sus restricciones

El sindicato CSIF ha interpuesto recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana contra el Decreto 140/2026 de 1 de octubre que regula las comisiones de servicios del personal docente. La central sindical considera que esa normativa restringe la movilidad docente y limita la capacidad de negociación sindical. CSIF también ha mostrado hoy, en Mesa Sectorial, su malestar con el decreto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que este nuevo decreto “introduce importantes restricciones respecto a las convocatorias anteriores y dificulta que numerosos docentes puedan acceder a un destino temporal por motivos personales, familiares, de salud o de interés profesional”.

El sindicato también hace hincapié en la limitación que supone en la capacidad de negociación sindical. “Su disposición final primera dificulta bastante que las futuras convocatorias puedan ampliar o mejorar las causas, requisitos y criterios establecidos en el decreto. De esta manera, Conselleria restringe mucho la posibilidad de recuperar estas condiciones mediante la negociación anual en Mesa Sectorial”, apunta el sindicato al respecto.

La central sindical denuncia los recortes que comporta este decreto. Entre los más destacados se hallan la “supresión de la posibilidad de solicitar comisión por enfermedades leves o el hecho de dejar de reconocerse expresamente los tratamientos de fertilidad”.

El sindicato lamenta que “se establece un mínimo del 50 % de discapacidad del propio docente y del 65 % para familiares, salvo que concurran otras causas admitidas”. También se excluye a los familiares de segundo grado (abuelos, hermanos y nietos) y desaparece el reconocimiento específico de las personas cuidadoras con un Programa Individual de Atención (PIA) para el acceso a las comisiones. Del mismo modo, Conselleria elimina las causas específicas por afectación por catástrofes naturales (dana), víctimas del terrorismo y procedimientos de la Unidad de Resolución de Conflictos (URC), cuya intervención queda integrada en los supuestos de agresión, acoso o amenazas.

El sindicato hace hincapié en el perjuicio para la conciliación familiar. “Desaparece el reconocimiento expreso de situaciones como el embarazo, los procesos de adopción, las familias numerosas y monoparentales o la custodia compartida. Además, el nuevo sistema de adjudicación elimina la valoración acumulada de distintas circunstancias personales y familiares y la sustituye por un orden de prioridad. De esta manera, un docente con varias necesidades familiares simultáneas puede perder la prioridad que anteriormente le otorgaba la suma de sus circunstancias”, señala.

La central sindical continúa afirmando que “las comisiones por interés profesional también sufren importantes restricciones, ya que se condiciona la participación a haber concurrido previamente en el concurso de traslados y se sustituye el baremo específico por la puntuación obtenida en dicho concurso. Además, el decreto permite reservar un número indeterminado de plazas de perfil que se adjudicarán mediante propuestas de los centros, al margen del orden de puntuación, con lo que Conselleria introduce en el proceso cierta discrecionalidad para estas plazas”.

CSIF rechaza estas restricciones, como lo ha trasladado hoy en Mesa Sectorial de Conselleria de Educación. Por este motivo, y ante la limitación de derechos que supone en la garantía de movilidad del profesorado y en una negociación sindical efectiva, ha decidido interponer recurso ante el TSJ.