CSIF gana tres sentencias que obligan a Fundae a pagar 78.000 euros a trabajadores y le condenan por menoscabar su dignidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que estos trabajadores, adscritos al centro territorial de Valencia, no percibían el complemento salarial de antigüedad que les corresponde pese a estar recogido en el convenio de esta entidad colaboradora y de apoyo técnico al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto ocurría a pesar de que compañeros suyos de otras autonomías lo cobraban.

CSIF, ante esta situación, presentó demandas por cada afectado sobre la base de “vulneración de derechos fundamentales”, en este caso, a la igualdad retributiva, ya que estos trabajadores, pese a desempeñar su labor con contrato indefinido y en idénticas condiciones laborales que otros compañeros suyos en distintas provincias, no tenían ese complemento en su nómina.

La central continúa explicando que las diferentes sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social número 17 de Valencia -cada una corresponde a uno de los trabajadores representados por CSIF- recalcan que “la omisión del abono de antigüedad vulnera el derecho a la igualdad retributiva reconocido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores”. Del mismo modo, “la conducta empresarial infringe el artículo 14 de la Constitución Española que proclama la igualdad y no discriminación”.

Además, el tribunal hace hincapié en que esa diferencia salarial no responde a ningún criterio objetivo ni razonable, ya que el único factor diferenciador lo constituye la ubicación geográfica del centro de trabajo. En este sentido, recalca que el convenio de la entidad reconoce el citado complemento de antigüedad con carácter general, sin excepciones territoriales, por lo que excluirlo en una provincia supone “una discriminación”.

El Juzgado de lo Social falla, tras las demandas interpuestas por CSIF, que Fundae debe abonar la suma de los complementos de antigüedad no pagados a cada trabajador que, en conjunto de los tres representados por el sindicato, alcanza los 78.000 euros. También incluye una cantidad adicional de 8.000 euros a cada uno por daños morales al subrayar que esa “discriminación salarial prolongada” ha supuesto un “menoscabo de la dignidad profesional y personal del empleado”.