Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

22 de octubre de 2026

El sindicato reclama un Decreto Ley antes de que el Gobierno entre en
funciones para evitar retrasos
- Función Pública prepara una reforma para cesar a los gestores de
administraciones que abusen de la temporalidad: CSIF reclama sanciones
ejemplares y medidas reparadoras para las personas afectadas
- CSIF también defiende cuestiones pendientes como la recuperación de la
estructura salarial previa al recorte de 2010, la mejora del mutualismo
administrativo, refuerzo de plantillas, carrera profesional o reclasificación
Madrid, 20 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia
creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función
Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento.
Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer
trimestre de 2027, vinculado a la inflación.
En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el
Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública
que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren
las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI).
CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos
por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además,
la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las
diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y
preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza
de los precios que se está registrando.
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
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NOTA DE PRENSA
CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben
actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el
Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.
SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD
Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las
comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico
del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además,
prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que
incumplan.
La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por
ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello
CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente
estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos
selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas
reparadoras para las personas afectadas.
Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del
acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer
prioridades sobre estos asuntos:
- Supresión de la tasa de reposición.
- Mejora del mutualismo administrativo.
- Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier
mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este
grupo de trabajo).
Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:
- Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
- Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones
reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos
habilitantes.
- Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera
profesional.
- Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de
conciliación.

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