La Consejería de Sanidad pretende amortizar plazas de inspector médico para mejorar la retribución del personal de libre designación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las administraciones públicas, quiere denunciar que la Consejería de Sanidad está amortizando plazas vacantes de personal sanitario para mejorar las retribuciones de trabajadores que están ocupando puestos de libre designación.

La Consejería de Sanidad propone cada año el número de plazas de personal sanitario que deben ser incluidas en la oferta de empleo público para mantener la calidad del servicio. En los últimos años, se han incluido 53 plazas del cuerpo de técnicos superiores de salud pública, especialidad de medicina y cirugía, y 41 plazas del cuerpo superior de inspección sanitaria, escala de médicos de inspección sanitaria.

Las oposiciones de estos cuerpos han seguido la dinámica de todas las oposiciones. Los Tribunales establecen la nota de corte de cada ejercicio en función de las instrucciones recibidas desde la Dirección General de Función de Pública (tres aspirantes por plaza, dos aspirantes por plaza, etc.). En este caso, parece evidente que la Administración ha dado instrucciones para que los Tribunales sólo apruebe una pequeña parte de los aspirantes. No puede ser una casualidad que el porcentaje de aprobados de la especialidad de medicina y cirugía (26%) sea prácticamente el mismo que el de la escala de médicos de inspección sanitaria (24%).

Las plazas que no se han cubierto deberían ser interinadas urgentemente para evitar que se produzcan disfunciones en el servicio; sin embargo, la Consejería de Sanidad ha amortizado cinco plazas de medicina y cirugía para mejorar las retribuciones del personal de libre de designación de la Dirección General de Salud Pública. La mayor parte de estos puestos de trabajo corresponden a epidemiólogos encargados de vigilar la expansión de enfermedades potencialmente peligrosas como el coronavirus

La amortización de cinco plazas en la Dirección General de Salud Pública es sólo el principio. La Consejería de Sanidad pretende mejorar 90 puestos de trabajo de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria mediante la amortización de todas las plazas de médico de inspección sanitaria que no se cubrieron en la última oposición. No parece muy coherente reducir a la mitad el número de médicos encargados de controlar la incapacidad temporal (IT) cuando la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) donde se compromete expresamente a aumentar los recursos humanos destinados a este fin.

La amortización de puestos vacantes afecta negativamente al funcionamiento de los servicios públicos. En los últimos años, la Consejería de Sanidad sólo ha incorporado 24 de los 94 médicos que necesitaba para mantener la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Esta reducción de efectivos implica una sobrecarga de trabajo para el resto de integrantes de la plantilla que se traduce en un nivel de atención al usuario inferior al que podría prestarse en circunstancias normales.

Nuestra organización sindical no puede permanecer impasible ante estos hechos; por esta razón, CSIF exige que la Consejería de Sanidad deje de amortizar plazas para mejorar las retribuciones de unos pocos trabajadores. Los incrementos salariales deben realizarse con cargo a créditos extraordinarios que no hipotequen el funcionamiento de los servicios públicos.