CSIF Madrid denuncia la imposición a funcionarios del traslado y porteo de expedientes derivados de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, quiere hacer pública la situación que se está viviendo a raíz de la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia derivados de la puesta en marcha de la primera fase de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOMESPJ). Catorce partidos judiciales de la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Leganés, Alcorcón, Coslada, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Majadahonda, Navalcarnero, Parla, San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón y Torrelaguna) están teniendo un grave problema a la hora de llevar a cabo el traslado de los expedientes en formato papel a las nuevas dependencias resultantes del diseño de la Oficina Judicial. El 1 de julio han empezado estos partidos judiciales con los problemas. Y en octubre, cuando empiece el resto, mucho nos tememos que seguiremos con este panorama.

Las sedes judiciales se han visto seriamente afectadas ya que hay que reubicar tanto al personal como todo el material. Ante esta situación, los Letrados de la Administración de Justicia han tenido la ocurrencia de que sean los propios funcionarios los que monten las torres de expedientes en carros y se encarguen del porteo y traslado de toda la documentación.

El problema llega al asignar a los funcionarios de Justicia estas tareas: entre sus funciones, que vienen recogidas tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el Real Decreto 1451/2005, regulador del régimen funcionarial, no se incluye en ningún momento el transporte de material. Sus funciones se reducen exclusivamente a tramitar los procedimientos y, a lo sumo, realizar labores de gestión del archivo de documentos.

Los Letrados de la Administración de Justicia, que saben perfectamente que una orden de este tipo es, como mínimo, irregular, al no estar contemplada, no están dictando resoluciones motivadas para que no puedan ser recurridas. Las órdenes se están dando de manera verbal o por correo electrónico.  Y no de forma directa, sino invitando a que sean los propios funcionarios los que, recurriendo a la solidaridad, se encarguen de esa función. Además, los Letrados saben muy bien que, si algún funcionario acaba lesionado, se podrán excusar argumentando que en ningún momento han dictado una resolución y que los funcionarios han hecho el porteo de manera voluntaria.

Desde CSIF Justicia Madrid se ha dirigido un escrito a la Dirección General de Infraestructuras y Medios Materiales de Justicia en la Comunidad de Madrid, quien ha contestado que, efectivamente, el porteo de documentos es una función que corresponde a un servicio o empresa externa, la cual está contratada ex profeso para realizar esas labores. Pero de momento nos consta que esta empresa no está realizando ninguna tarea en los centros afectados.

Estamos, por tanto, ante un supuesto de contratación de una empresa que va a cobrar un servicio que encima no va a tener que hacer y, por otra parte, ante la obligación encubierta a los funcionarios para que realicen esta tarea.

CSIF Justicia Madrid, ante la contestación ofrecida por la Dirección General de Infraestructuras y Medios Materiales de Justicia en la Comunidad de Madrid confirmando nuestra denuncia, se ha vuelto a dirigir tanto a la misma como a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para que se cumpla con la legislación y evitar así perjuicios a la salud de los funcionarios judiciales afectados.

De lo contrario, CSIF procederá a denunciar la situación tanto al Comité de Seguridad y Salud como a Inspección de Trabajo, reservándose el derecho a recurrir las resoluciones o instrucciones que vulneran la normativa legal existente.