CSIF alerta de que la Comunidad de Madrid tarda casi un año en la valoración de las personas con discapacidad
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13 de noviembre de 2026
-Este verano, más de 20.000 personas esperaban una valoración de la discapacidad en la Comunidad de Madrid y más de 13.000 ni siquiera habían sido citadas
-CSIF rechaza que los Centros Base tengan que asumir las deficiencias de un sistema externo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a poner el foco en los Centros Base de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid por la grave situación que atraviesan, con un grave déficit de personal en todos los centros. Una falta de trabajadores que está haciendo que la espera se alargue casi un año.
En verano, la demora media para resolver un expediente de discapacidad alcanzaba los 330 días mientras que la espera media para obtener una cita se situaba en 310 días, frente al plazo máximo legal de seis meses establecido en el Real Decreto 888/2022.
El Sector de Administración General de la Comunidad de Madrid de CSIF quiere dejar claro que los trabajadores y trabajadoras de los Centros Base no son responsables de estas demoras ni de las listas de espera. La causa principal de este retraso es la insuficiencia estructural de recursos humanos, materiales y organizativos.
En julio de este mismo año, CSIF se reunió con la Secretaría General Técnica, la Dirección General y la Subdirección General de Valoración de la Discapacidad. En ese encuentro el sindicato aportó datos preocupantes: de los 418 puestos adscritos a los centros base, 257 se encontraban vacantes o cubiertos temporalmente por interinos (el 60 % del total). En el área administrativa, el déficit llegaba al 40 % de la plantilla.
CSIF ha venido denunciando desde entonces el incremento continuado de solicitudes, las listas de espera muy superiores al plazo legal, la falta de cobertura efectiva de vacantes, los equipos de valoración incompletos, la sobrecarga del personal, la elevada temporalidad y la pérdida de atractivo de estos puestos.
Lejos de mejorar, la situación se ha agravado este noviembre. El Centro Base n.º 5 es un ejemplo de la situación: solo cuenta con una persona en administración para atender todas las necesidades de la unidad, lo que obliga a otros centros a ceder personal y genera un perjuicio generalizado.
Además, los Centros Base están asumiendo expedientes procedentes del convenio con el Colegio Oficial de Médicos, que se incorporan a la ratio diaria de los trabajadores sociales y del personal administrativo, ralentizando aún más la tramitación de las solicitudes propias. CSIF rechaza que los Centros Base tengan que asumir las deficiencias de un sistema externo.
CSIF también rechaza que TRAGSA haya pasado de digitalizar únicamente expedientes a realizar funciones propias del personal administrativo, como la grabación de CMI (Calificación de Minusvalía/Discapacidad Inicial) y de CMR (Calificación de Minusvalía/Discapacidad Revisión). Esta externalización está sustituyendo empleo público y sobrecargando a la plantilla que debe formar y supervisar al personal externo y dificulta el control de calidad de los expedientes.
Para paliar esta incapacidad de la administración autonómica a la hora de citar y reconocer la discapacidad de los ciudadanos que lo solicitan, CSIF exige la cobertura inmediata de vacantes, la creación de nuevas plazas, bolsas específicas, sustituciones ágiles, una solución retributiva global, la convocatoria de concursos y traslados, y que se apueste por fortalecer los servicios públicos en lugar de externalizar funciones esenciales.
La organización sindical reclama a la Comunidad de Madrid una atención de calidad y cercana para las personas con discapacidad y sus familias, y se reserva el derecho a adoptar las medidas de presión que estime necesarias para defender el servicio público y los derechos de la ciudadanía.