Dos sentencias condenan al Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar los derechos salariales de agentes de la Guardia Urbana

 

CSIF gana dos batallas judiciales al consistorio: consigue que pague 2.000,64 euros a una agente por sus trienios durante el periodo de prácticas y que reconozca las diferencias salariales a un subinspector que ejerció durante más de dos años y medio funciones de intendente sin cobrar como tal

Barcelona, 10 de noviembre de 2026. – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha conseguido dos importantes victorias judiciales frente al Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar los derechos retributivos de trabajadores de la Guardia Urbana. Dos sentencias dan la razón íntegramente a las reclamaciones defendidas por el sindicato y ponen en evidencia una misma realidad: el consistorio ha obligado a sus propios trabajadores a acudir a los tribunales para conseguir que se les pague lo que legalmente les corresponde.

En el primer caso, el Tribunal de Instancia de Barcelona ha reconocido el derecho de un subinspector de la Guardia Urbana a percibir las diferencias salariales por haber desempeñado durante dos años, seis meses y siete días funciones propias de un intendente, de nivel 27, pese a tener asignado un puesto de subinspector del grupo C1 y nivel 22.

El tribunal considera acreditado que el funcionario asumió de forma continuada la jefatura de la Unidad de Obras, responsabilizándose de su gestión diaria y ejerciendo funciones de mando. La sentencia rechaza los argumentos del Ayuntamiento y establece que el desempeño efectivo de funciones de una categoría superior genera el derecho a cobrar las retribuciones correspondientes, aunque no exista un nombramiento formal.

El consistorio deberá abonar las diferencias económicas entre el salario percibido y el que le habría correspondido por las funciones efectivamente realizadas, además de los intereses legales.

La segunda victoria judicial corresponde a una agente de la Guardia Urbana a quien el Ayuntamiento negaba el abono económico de los trienios durante su año de prácticas, pese a haber reconocido administrativamente su antigüedad por los servicios prestados anteriormente en el Ejército de Tierra.

La sentencia 249/2026, dictada el 19 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona, estima íntegramente el recurso presentado por la trabajadora y condena al Ayuntamiento a abonarle 2.000,64 euros brutos correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023.

La magistrada considera que, una vez superado el proceso selectivo y adquirido el estatus de funcionaria de carrera, los efectos económicos del reconocimiento de los servicios previos deben extenderse también al periodo de prácticas en el que se prestaron servicios efectivos. La resolución concluye que la interpretación municipal no se ajustaba a derecho.

«El Ayuntamiento no puede exigir responsabilidades de una categoría superior y pagar como si el trabajador perteneciera a una inferior, ni reconocer una antigüedad para después negar sus efectos económicos. Los derechos de los empleados públicos no son opcionales: se cumplen y se pagan», denuncia CSIF.

Para el sindicato, estas dos resoluciones judiciales evidencian la necesidad de revisar los criterios retributivos que aplica el Ayuntamiento de Barcelona y de poner fin a decisiones administrativas que perjudican económicamente a los trabajadores. No es aceptable que sean los propios empleados quienes tengan que asumir el coste, el tiempo y el desgaste de acudir a la Justicia para conseguir que se respeten sus derechos.

CSIF exige al consistorio que revise de oficio las situaciones en las que personal de categorías inferiores está asumiendo funciones y responsabilidades superiores sin la correspondiente compensación, que regularice los pagos pendientes y que garantice el reconocimiento económico de los servicios previos conforme a la normativa.

«No vamos a permitir que el Ayuntamiento convierta los tribunales en la única vía para que los trabajadores cobren lo que les corresponde. Cada derecho que se vulnera será reclamado y cada injusticia tendrá respuesta. El trabajo realizado se reconoce y se paga», concluye CSIF.