CSIF rechaza que los Mossos sustituyan a los examinadores de la DGT

El sindicato denuncia que un Mosso cobra más de 500 euros mensuales más que un examinador y exige al Gobierno un complemento retributivo para frenar la fuga de funcionarios y acabar con las esperas de hasta ocho meses para el examen práctico de conducir.

Barcelona, 9 de noviembre de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) califica de «nueva ocurrencia política» la propuesta de la consellera de Interior, Núria Parlon, de habilitar a agentes de los Mossos d'Esquadra en segunda actividad para realizar exámenes prácticos de conducir y paliar el colapso de la DGT en Cataluña.

Para CSIF, esta iniciativa es un parche que no resuelve el verdadero problema: la falta de condiciones retributivas adecuadas para atraer y mantener a los examinadores de la Administración General del Estado en Cataluña.

La situación es alarmante. Miles de alumnos esperan hasta ocho meses para examinarse y, de las 44 plazas ofertadas el pasado año, únicamente se cubrieron 15. El elevado coste de vida y la falta de incentivos económicos provocan que muchos funcionarios soliciten el traslado en cuanto tienen oportunidad.

El sindicato recuerda, además, que un agente de los Mossos cobra más de 500 euros mensuales por encima de un examinador de la DGT. CSIF expresa todo su respeto al cuerpo policial catalán, pero considera intolerable que se pretenda cubrir la falta de personal con otro colectivo que tiene condiciones retributivas muy diferentes.

«No se puede solucionar un problema de salarios y falta de plantilla improvisando funciones. Sin las transferencias y garantías competenciales necesarias, esta propuesta tampoco es legalmente viable», advierte la organización sindical.

CSIF exige al Ministerio del Interior y al Gobierno central:

• Un complemento retributivo de territorialidad que compense el coste de vida en Cataluña y permita retener a los funcionarios.
• Respeto a las competencias de la AGE, manteniendo la función examinadora en el ámbito de la DGT.
• Un plan de choque de empleo público que permita cubrir las plazas de examinadores y personal administrativo.

CSIF reclama menos improvisación política y más inversión en los empleados públicos. El colapso de la DGT no se soluciona con parches, sino con salarios dignos, plantillas suficientes y servicios públicos de calidad.