Discrepancias laborales en el Consejo Comarcal de l’Urgell en relación con el cumplimiento de acuerdos

 

El Comité de Empresa del Consejo Comarcal de l’Urgell y CSIF hacen patente el malestar de los trabajadores y expresan preocupación por el estado de la negociación y el cumplimiento de los acuerdos.

Lleida, 22 de abril de 2026.- Desde finales de 2023, la parte social ha impulsado de manera reiterada propuestas y espacios de diálogo para avanzar en cuestiones estructurales como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la mejora de los protocolos internos y la aplicación de los incrementos retributivos del personal público. A pesar de esta actitud constructiva, los avances alcanzados han sido claramente insuficientes durante los últimos años.

Asimismo, a lo largo de este periodo, el Comité ha formulado diversas solicitudes de información y documentación necesarias para el ejercicio de sus funciones de representación que no han sido atendidas de forma completa, lo que dificulta el desarrollo de su labor y genera preocupación en relación con los niveles de transparencia en la gestión interna.

El Comité y CSIF consideran especialmente grave la situación en relación con los incrementos salariales pendientes correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, así como la previsión de 2026. En el marco de la Comisión Paritaria Negociadora, la corporación se comprometió a regularizar esta situación antes del 31 de marzo de 2026. Aunque se ha producido una aplicación parcial —con la incorporación de la subida de 2024 y una parte de los atrasos—, a fecha de hoy queda pendiente una parte significativa de la regularización, así como la actualización de la nómina de 2026. Esta situación comporta un perjuicio económico para el personal y pone de manifiesto el incumplimiento de los compromisos adquiridos.

En lo que respecta a la Relación de Puestos de Trabajo, se recuerda que se trata de una obligación legal establecida en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Su ausencia continuada mantiene una situación de desorden organizativo, falta de transparencia y desigualdades retributivas. La representación de los trabajadores ha presentado propuestas viables para avanzar en este ámbito, sin que se hayan materializado resultados.

Asimismo, la negativa reiterada a abordar la adaptación de la jornada laboral de 35 horas, en línea con otras administraciones públicas del territorio, contribuye a consolidar un agravio comparativo que afecta a las condiciones de trabajo del personal.

El pasado 19 de marzo se celebró una asamblea de los trabajadores con una amplia participación, en la que se puso de manifiesto el malestar generalizado existente. La corporación, a pesar de haber sido invitada formalmente, no asistió. En este espacio, la plantilla acordó estudiar acciones legales conjuntas y otras medidas para defender sus derechos, entre las cuales se planteó también la necesidad de dar a conocer públicamente la situación laboral existente en el Consejo Comarcal.

En las últimas semanas, este malestar se ha hecho visible también en diferentes iniciativas internas impulsadas por los trabajadores, evidenciando la creciente preocupación ante la falta de respuestas. Ante esta situación, el Comité ha acordado impulsar esta acción a instancias del colectivo de trabajadores.

El Comité de Empresa y CSIF reiteran su voluntad de diálogo, pero advierten que la situación actual no es sostenible y requiere respuestas inmediatas y concretas. El cumplimiento de los acuerdos adoptados y el abordaje efectivo de los principales puntos de discrepancia no pueden seguir aplazándose.

En este sentido, si no se producen avances efectivos en un plazo breve, no se descarta la convocatoria de nuevas movilizaciones ni el impulso de acciones legales para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos del personal.

Finalmente, el Comité y CSIF quieren poner en valor el compromiso y la profesionalidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Consejo Comarcal, que a pesar de esta situación continúan garantizando la prestación de los servicios públicos.