CSIF denuncia que Educación incumple su palabra y perpetúa el maltrato institucional a los 300 docentes desplazados

 

El sindicato denuncia que los compromisos adquiridos el 15 de enero han sido ignorados y sustituidos por excusas burocráticas y pasividad

Barcelona, 21 de enero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los cerca de 300 docentes desplazados de toda Cataluña continúan sufriendo una situación que ya no puede calificarse de simple disfunción administrativa. Se trata de un caso claro de maltrato institucional sostenido, agravado por el incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos por la Administración y por una respuesta basada en “lavarse las manos”.

El 15 de enero, en el marco de una concentración de docentes en Girona, representantes de la Dirección de Educación de los Servicios Territoriales recibieron al colectivo movilizado. Aquel encuentro, realizado en plena protesta, no fue informal: la Administración, como representante directa del Departamento de Educación, asumió compromisos concretos para abordar una situación injusta que afecta a cientos de profesionales.

Desde CSIF explican que “la respuesta de la Administración ha sido una simple llamada telefónica fría y vacía de contenido. No se han cumplido los compromisos, no se han ofrecido soluciones, no se ha revisado ninguna de las irregularidades denunciadas y no ha habido el diálogo real que se prometió. Este incumplimiento supone una vulneración directa de la confianza y un desprecio a la palabra dada al profesorado”.

La respuesta posterior de la jefa de personal docente de Girona ha confirmado esta deriva. Ante las reclamaciones sobre nuevas vacantes, plazas ocultas y situaciones manifiestamente injustas, la posición administrativa se ha limitado a repetir que “se ha aplicado la normativa” y que “no tienen competencias”. Una respuesta que evita cualquier responsabilidad política y humana, y que pretende borrar los compromisos adquiridos el 15 de enero.

“Todavía más grave es la falta absoluta de empatía. Cuando se recuerda que detrás de los expedientes hay personas que viven en la incertidumbre laboral, la respuesta es la frialdad burocrática. Cuando se pide voluntad para elevar el conflicto a instancias superiores, la reacción es la pasividad. Este no es el comportamiento esperable de una administración pública al servicio de la ciudadanía”.

Derivar constantemente el problema hacia otros niveles —señalando responsables como el subdirector general Jesús Lahoz o el director general Josep Maria Garcia i Balda— no exime de responsabilidad a los Servicios Territoriales. Recibieron al colectivo, escucharon las demandas y asumieron compromisos. Ahora no pueden fingir que el conflicto no va con ellos.

Desde CSIF denunciamos con contundencia esta manera de actuar. “No aceptaremos que la palabra dada el 15 de enero quede en papel mojado, ni que la Administración continúe escondiéndose detrás de la normativa mientras perpetúa situaciones injustas. La legalidad no puede ser una excusa para la inacción ni para el maltrato”.

Y advierten que “si no hay una rectificación inmediata, el cumplimiento de los compromisos y soluciones reales, este conflicto se trasladará allí donde sea necesario: a las sedes centrales del Departamento en Barcelona y, si es preciso, al Parlamento de Cataluña. La dignidad del profesorado no es negociable. Y una Administración que incumple su palabra pierde toda legitimidad”.