CSIF denuncia el caos en la implantación de la 3ª fase de los Tribunales de Instancia

 

Barcelona, 13 de enero.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia, una vez más, la absoluta falta de previsión del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, entre ellas Cataluña, tras la entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia. El resultado es claro: “el caos está servido, y los principales perjudicados son, sin ninguna duda, los ciudadanos, que sufren ya las graves deficiencias en el servicio público de la Justicia”, aseguran desde el sindicato.

 

El 31 de diciembre de 2025 entró en vigor la tercera fase de los Tribunales de Instancia en la práctica totalidad del Estado, afectando a los partidos judiciales con mayor número de juzgados. En Cataluña, esta fase incluye Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Manresa, Arenys, Vilanova i la Geltrú, Reus y Figueres, lo que supone una complejidad extraordinaria a la hora de su implementación.

 

CSIF ya denunció durante la implantación de la fase I (1 de julio de 2025) y la fase II (1 de octubre de 2025) ante el Departament de Justícia i Memòria Democràtica los graves problemas detectados:

• Falta de infraestructuras y edificios adaptados al nuevo modelo.
• Desorganización interna por ausencia de protocolos claros de funcionamiento, reparto de expedientes y adscripción del personal.
• Deficiencias en los sistemas informáticos, especialmente por la inexistencia del expediente electrónico en la jurisdicción penal.
• Grave falta de medios personales, con plantillas claramente infradotadas en relación con la carga real de trabajo.

 

Con la entrada en vigor de esta última fase, y tras la negativa del Departament de Justícia i Memòria Democràtica a aplicar la moratoria de seis meses prevista en la Ley de Eficiencia, el escenario vuelve a repetirse: “desorganización, carencia de medios materiales y humanos y los mismos errores de las fases anteriores, agravados ahora por tratarse de los partidos judiciales con mayor volumen de juzgados”.

 

CSIF ha advertido reiteradamente que un proyecto de esta envergadura necesita un tiempo prudencial de implementación, que permita evaluar resultados, corregir errores y garantizar una puesta en marcha con seguridad jurídica y organizativa, tanto para los profesionales de la Administración de Justicia como para los ciudadanos que utilizan este servicio esencial.

 

No ha existido consenso con las organizaciones sindicales representativas. Nos encontramos ante un modelo impuesto por la administración, diseñado bajo los criterios de los secretarios coordinadores y letrados responsables de la organización interna, imponiendo al conjunto de trabajadores una estructura que en muchos casos podría no ajustarse a la normativa, menoscabando derechos, desaprovechando su experiencia y, lo que es más grave, sin garantizar una mayor eficiencia.

 

La precipitación con la que se han puesto en marcha los Tribunales de Instancia, sin aportar todos los medios necesarios para una justicia del siglo XXI, demuestra que el verdadero objetivo no es mejorar el servicio, sino reducir costes. La supuesta “eficiencia” se traduce en peores condiciones de trabajo y en un servicio más lento y de menor calidad para la ciudadanía.

 

Para CSIF, la verdadera reforma sigue pendiente: “reconocer las funciones reales de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, eliminar los cuellos de botella y aplicar de forma efectiva el modelo de “papel cero”. Solo así se podrá avanzar hacia una Justicia más ágil, moderna y verdaderamente al servicio de la ciudadanía”.