CSIF denuncia que la dirección del CP Brians 2 autoriza la distribución de papel de plata sin plomo para el consumo de drogas inhaladas

 

El sindicato alerta de una deriva institucional que favorece el consumo de sustancias dentro de las prisiones, en lugar de combatirlo

 

Barcelona, 5 de junio de 2025 – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la dirección del Centro Penitenciario Brians 2 ha autorizado la distribución de papel de plata sin plomo como parte de una nueva iniciativa destinada a facilitar el consumo de drogas inhaladas entre la población reclusa. Esta medida se suma al Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIX), vigente desde hace más de dos décadas, y que ya ha sido fuertemente cuestionado por contradecir las funciones de seguridad y disciplina propias del ámbito penitenciario.

 

Desde CSIF lamentan que la Administración penitenciaria esté evolucionando hacia un modelo de apoyo logístico al consumo de drogas, en lugar de apostar por un sistema de reeducación, tratamiento y reinserción. “Esta nueva medida es la prueba evidente de una estrategia errónea que normaliza el consumo de drogas en lugar de combatirlo”.

 

Un modelo fallido

 

El PIX, aún activo en Cataluña, ha sido retirado o reducido a su mínima expresión en la mayoría de países europeos. Además de carecer de evaluaciones rigurosas y transparentes, este programa supone un riesgo directo para la seguridad de los profesionales penitenciarios, al permitir y legalizar la entrada de objetos punzantes en los centros.

 

Con la introducción del papel de plata —“sin plomo”, para evitar riesgos tóxicos— se pretende ahora ofrecer a los internos la posibilidad de elegir cómo consumir drogas: por vía inyectada o inhalada. Una propuesta que no hace más que institucionalizar el fracaso del sistema penitenciario, ya que parte de la premisa de que el consumo de sustancias es inevitable, a pesar de ser ilegal.

 

CSIF considera inadmisible que la Administración se limite a repartir material para el consumo de drogas en lugar de evitar su entrada y promover tratamientos efectivos. Los internos tienen derecho a la atención sanitaria y al apoyo psicológico, pero también tienen deberes, y drogarse no es —ni debe ser— un derecho a proteger dentro de las prisiones.

 

Un modelo de gestión cuestionado

 

Según diversas informaciones, esta nueva iniciativa habría surgido del Centro de Atención y Seguimiento (CAS) de Brians 2, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad (FSC). Esta entidad acumula 140 contratos públicos entre 2017 y 2024, por un valor superior a los 33 millones de euros, y ha sido señalada por su opacidad y vínculos con sociedades privadas, según una investigación de Mèdia.cat. CSIF considera que estas fundaciones, lejos de aportar soluciones reales, contribuyen a cronificar los problemas con el objetivo de justificar su existencia y seguir recibiendo financiación pública.

 

CSIF exige un cambio de rumbo inmediato: es necesario poner fin a esta deriva permisiva y volver a poner el foco en la seguridad, la responsabilidad institucional y la verdadera rehabilitación de la población reclusa. “Los trabajadores penitenciarios no pueden seguir asumiendo los riesgos derivados de decisiones políticas y técnicas tomadas desde los despachos. Es urgente recuperar el sentido común, el orden y la coherencia en las prisiones catalanas,” concluye el sindicato.